La presidenta del Partido Popular de Jerez y diputada nacional, María José García-Pelayo, ha valorado este sábado el Pacto contra la Violencia de Género, que salió este viernes adelante en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, como "un paso importante en la lucha por la igualdad".
García-Pelayo ha defendido que el objetivo de este pacto es que "no muera ni una mujer más como consecuencia de la violencia de género, gracias a las 212 medidas que incluye y que comprometen a todos en la defensa de la vida de las mujeres".
Por otro lado, la diputada popular ha indicado que en Jerez "los datos evidencian que no se puede mirar para otro lado". En concreto, en el Partido Judicial de Jerez se realizaron, en el año 2016, 803 denuncias por violencia de género y 215 en lo que va de 2017. Asimismo, en relación con las órdenes judiciales de protección, se dictaron en Jerez 63 órdenes en el primer trimestre de 2017. En este ámbito, García-Pelayo ha expuesto que otro dato significativo han sido las 833 llamadas al 016, el teléfono de Ayuda contra el Maltrato.
Igualmente, García-Pelayo ha querido destacar de entre las medidas incluidas en el pacto la prevención de la violencia de género, del machismo y las conductas violentas en todas las etapas educativas, mediante la concienciación en los colegios y para fomentar la prevención de la violencia de género, y en el que se potencien los valores de la diversidad y la tolerancia.
También, en el ámbito de la educación, se designará a un docente responsable de coeducación para la formación y concienciación para la igualdad, para la realización de actividades que fomenten la igualdad y para prevenir la violencia. Del mismo modo, se incluirán contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de los cuerpos docentes.
Además, García-Pelayo ha querido destacar que "este pacto establece el mantenimiento y concesión de becas y ayudas al estudio a aquellos jóvenes que acrediten su situación en un entorno familiar con violencia de género, aunque no hayan alcanzado las calificaciones necesarias para su concesión o renovación".
En materia de comunicación, también ha destacado la creación de un Código de Publicidad no Sexista, y en lo deportivo se propone ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que hagan o permitan la apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos.
En el mundo laboral, este pacto plantea la creación de un sello identificativo para los servicios públicos y empresas privadas que establezcan políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) respecto de la violencia de género, y manifiesten sensibilidad en el trato hacia las trabajadoras y personas que la hayan padecido, prestando especial atención y dando facilidades a sus trabajadoras afectadas, a través de la Delegación del Gobierno para la violencia de género y en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Además, se contempla el registro preceptivo planes de igualdad obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores o trabajadoras.
Otra de las medidas recogidas en este ámbito es la promoción del teletrabajo en aquellos casos de violencia de género en que sea posible y solicitado por la propia víctima, particularmente en el ámbito de las administraciones públicas.
MÁS MEDIDAS
En el aspecto judicial, el pacto pide reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas durante todo el procedimiento judicial, e incluso después de éste durante la fase de ejecución de condena, incorporando un mayor número de letrados a los turnos de oficio especializados y mejorando la formación de los mismos.
En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, se contemplan unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana, y plantea la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos para que la Policía Local pueda realizar la protección de víctimas de violencia de género, una vez valorado su nivel de riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Igualmente, en el campo social, se recoge la necesidad de estudiar el actual sistema de ayudas de la Renta Activa de Inserción para mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo y evaluar su sustitución por un subsidio desempleo de seis meses de duración que se ampliará por periodos semestrales prorrogables, siempre que las personas beneficiarias sigan cumpliendo con los requisitos para continuar percibiendo estas ayudas, que se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Asimismo, se tomarán medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género, ni siquiera provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección.
Por último, plantea la obligatoriedad de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia.
