La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Tierno Galván  continúa denunciando la “injusta y desproporcionada” subida de los precios públicos de los comedores escolares andaluces, contemplada en la orden del 17 de julio publicada en el BOJA, que encarece un 15,4% el uso de este servicio público, mientras que el IPC acumulado entre septiembre 2008 y julio 2009 bajó un 1,3% en Andalucía”.

Este hecho “ha provocado un descenso acelerado del 30% de usuarios del comedor escolar de gestión directa, en el caso de este colegio, ante lo que parece una situación que la Junta de Andalucía no está dispuesta a cambiar”.

El AMPA afirma que no se trata solamente un problema particular de una serie de familias afectadas. “Esta orden andaluza atenta directa y paradójicamente contra la imagen que el gobierno vende para conciliar la vida familiar y laboral en la sociedad española. Queremos escuelas públicas de calidad, donde se garantice una asistencia de primera a los menores mientras sus padres trabajan. Aulas matinales, comedores y talleres al alcance de todos. Sin esta garantía social, ¿a dónde camina un gobierno de izquierdas en plena crisis?”.

Este colectivo considera “absolutamente impropio ante la situación de actual de las economías familiares andaluzas”,  cuatro aspectos de la orden: el encarecimiento “indiscriminado” del servicio, que pasa de 3,90 euros al día a 4,50 euros, la eliminación de la figura de las delegaciones municipales de Asuntos Sociales como garantes del derecho a beca, el empleo de la “desfasada” declaración de 2007 para fijar las subvenciones, y por último, el cambio en el sistema de bonificaciones que “a pesar de que aumenta el número de las gratuidades totales, elimina o resta el porcentaje de subvención a la mayoría de los usuarios”.

Acciones
La AMPA espera la respuesta de la Delegación Provincial de de Educación a las alegaciones presentadas de forma individual por usuarios afectados, “un modelo de solicitud que se exportó desde este colegio al resto de la provincia, lo que supone cientos de escritos que se encuentran en la administración provincial sin que nadie los conteste”. 

El colectivo espera promover “una contestación general en Cádiz a la actitud de  Educación y a su ataque directo a la conciliación de la vida familiar y laboral en plena crisis”.