Una docena de representantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) interrumpió este lunes el congreso DataFórum que, organizado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia, reúne en Granada a expertos en materia tecnológica de todo el país para debatir sobre cómo mejorar la tramitación de expedientes y el acceso ciudadano a la Administración de Justicia.     La interrupción, con carteles y proclamas, tenía como objetivo reclamar tanto a la Consejería de Justicia, que dirige José Antonio Nieto, como al Gobierno central, la revisión del complemento específico y del resto de complementos salariales autonómicos que se perciben por otros funcionarios del Estado y de autonomías con competencias en materia de justicia traspasadas desde hace décadas.   La protesta se inició durante la intervención de la viceconsejera de Justicia de Andalucía, a la que en ausencia del consejero se le pidió que "no siga ignorando la revisión de los complementos salariales", que siguen sin actualizarse desde hace años.   Además se aprovechó la interrupción para volver a protestar por las deficiencias en el funcionamiento de la aplicación @driano, que desde el pasado verano está ya en funcionamiento en la totalidad de los órganos judiciales de Andalucía. En uno de los carteles del sindicato Staj se podía leer que esta aplicación tecnológica "funciona gracias al sobreesfuerzo" de los funcionarios andaluces.    ABONO A UNOS 11.000 FUNCIONARIOS   Los delegados sindicales aprovecharon también para interpelar al secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, a cuyo departamento los funcionarios andaluces reclaman la revisión del Complemento General de Puesto, que se abona ya a unos 11.000 empleados españoles de las comunidades autónomas sin competencias de Justicia y que están en poder del Gobierno central.    El Ministerio de Justicia llegó a un acuerdo a inicios de este año con los sindicatos CSIF y UGT para pagar dicha revisión al personal que trabaja también en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Fiscalía General del Estado, además de los funcionarios de cinco autonomías.    El departamento del ministro Félix Bolaños mantiene que ahora deben de ser las comunidades autónomas con transferencias, como es el caso de Andalucía, las que negocien con los sindicatos esta actualización. El congreso finalizará mañana, miércoles, en el Paraninfo PTS de Granada.