Un jurado popular tiene previsto juzgar a partir de este próximo lunes 24 de noviembre a un hombre acusado por darse a la fuga tras un accidente de tráfico en el que murió un motorista. La Fiscalía considera que realizó maniobras "antirreglamentarias" y no prestó "ninguna asistencia" a la víctima, solicitando dos años de prisión y que indemnice a la familia del fallecido con casi 100.000 euros.
Los hechos sucedieron en septiembre de 2006. Según las conclusiones provisionales realizadas por el fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado conducía un vehículo por la carretera que comunica las localidades malagueñas de Canillas de Albaida y Torrox, "ignorando gravemente todas las normas básicas de la circulación vial".
Al pasarse en una rotonda el desvío a una urbanización, "sin previo aviso, sorpresivamente y sin hacer uso de dispositivo alguno que indicara su intención", hizo un giro "antirreglamentario" hacia la derecha, de forma que embistió la motocicleta que conducía la víctima, que circulaba correctamente por dicha vía, según indica la acusación pública.
Así, el procesado golpeó con el vehículo al hombre lateralmente y lo tiró al suelo, según señala el escrito inicial del fiscal, quedándose la moto encima del mismo, que a consecuencia de estos hechos sufrió traumatismo torácico y craneoencefálico con lesiones hemorrágicas, que dio lugar a una insuficiencia cardiaca aguda que le produjo la muerte.
Tras esto, el acusado, "omitiendo los elementales deberes de solidaridad y auxilio a las víctimas de un accidente, consciente del suceso acaecido y de la entidad del mismo, con evidente desprecio de las posibles consecuencias, se dio a la fuga, no adoptando ninguna medida para cerciorarse de la gravedad del herido", sostiene el ministerio público.
Por estos hechos, se le acusa de un delito de omisión del deber de socorro, por el que solicita dos años de cárcel; y de una falta de homicidio por imprudencia, por la que se pide una pena de multa de dos meses, con una cuota diaria de 50 euros, lo que supone 3.000 euros. Además, el fiscal insta a que indemnice a la familia con 99.774 y a que se le retire el carné de conducir por un año.
