La Audiencia Provincial de Málaga acoge este lunes el juicio contra el exalcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba, que se enfrenta a más de 226 años de prisión por numerosos delitos en el caso Arcos contra la corrupción urbanística.

En el banquillo de los acusados también se sentarán otras 47 personas y las sesiones del juicio oral serán enjuiciadas previsiblemente por bloques, como ya ocurrió en el macrojuicio Malaya, para facilitar la mecánica del mismo y las labores de representaciones legales de las partes.

Las sesiones -están prevista un total de 64- se desarrollarán desde mañana hasta el 27 de septiembre de 2017 y se iniciarán con las cuestiones previas.

La Fiscalía acusa al exalcalde -que dejó el PSOE tras su detención en la causa- de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias, por los que le pide penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Por su parte, para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, el fiscal solicita un total de 111 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial, según el escrito, al que ha tenido acceso Efe.

El procedimiento denominado Arcos se centró en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, y dio lugar a la imputación de más de setenta personas.

La acusación se dirige contra veintisiete empresarios de la promoción urbanística, el exalcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales o de la Diputación de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

Anticorrupción describe hechos ocurridos de 1999 al 2010 que califica como noventa delitos de falsedad ideológica -en algunos casos se manipulan firmas, sellos y textos- "cometidos por una autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro Inmobiliario, con frecuencia inducidos por promotores beneficiados o sus representantes".

También señala delitos de falsedad en documento oficial o por imprudencia grave y 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al exalcalde por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes.

Igualmente califica veintidós delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales y otros de cohecho, fraude, malversación, estafa, estafa procesal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, actividades prohibidas a funcionarios y de intrusismo profesional.

Al tratarse de hechos anteriores a la reforma del Código Penal del 2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares