La familia del inmigrante fallecido en la cárcel de Archidona (Málaga), utilizada como centro de internamiento provisional, va a recurrir el archivo del caso abierto en relación con estos hechos por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de dicha localidad, decisión que consideran "precipitada". Así, creen "imprescindible" realizar una serie de diligencias.
El juzgado adoptó este pasado jueves esta decisión tras analizar el atestado policial, las imágenes de las cámaras de seguridad y el avance de autopsia, elementos que descartan la participación de otras personas y llevan a determinar que la muerte, ocurrida el pasado 29 de diciembre, fue de naturaleza suicida.
La abogada que representa a la familia, Amanda Romero, ha mostrado la sorpresa ante la "premura y celeridad" en archivar esta causa por unos "hechos tan graves", cuando "ni siquiera las partes hemos tenido acceso a todas las actuaciones", porque se les dio traslado de la prueba documental pero no de los DVD con las imágenes de las cámaras de vídeovigilancia.
Además, en declaraciones a Europa Press, Romero ha lamentado que se haya archivado el procedimiento "sin tener la oportunidad de poder proponer la práctica de más prueba" una vez visto todo lo que hay en la causa; y ha apuntado que el juzgado como tal "no ha realizado diligencia propia alguna, lo único que ha hecho es recibir la investigación policial".
Así, para la familia, personada como acusación particular, es "imprescindible" que se tome declaración a los agentes que hallaron el cuerpo y también a los que llevaron al migrante en la habitación aquel día y que fueron las últimas personas que lo vieron con vida; así como al equipo médico que le asistió; considerando que "no se puede archivar una causa sin el informe completo de autopsia".
La abogada ha indicado que el primer objetivo es "aclarar todas las circunstancias que rodean a la muerte", aunque ha señalado que "si el resultado de todas las diligencias de investigación es que la causa fue el suicidio, eso no excluye la posibilidad de que pudiera haber una responsabilidad penal porque hablamos de una persona privada de libertad bajo custodia policial".
Así, se ha referido a que la legislación señala que cuando, por motivos de seguridad, se toman medidas de separación de un interno en una habitación individualizada "esto nunca puede encubrir un castigo y obliga a informar sobre dicha medida al juez que acordó el internamiento para que acuerde si debe continuar o cesar".
Al respecto, Romero ha indicado que ya se había pedido al juzgado que "requiriera dicho informe", algo que no se ha acordado, apuntando que "sorprende" que el interno estuviera "al menos durante 15 horas en la habitación, completamente asilado, y el juez no se hubiera llegado a formular determinadas preguntas".
Las acusaciones personadas también pidieron la paralización de las devoluciones de inmigrantes testigos de las horas previas a la muerte de éste, lo que no fue acordado por el juez; "por lo que nos tememos que, aunque se estime nuestro recurso, muchos de ellos ya hayan sido devueltos a sus países, a no ser que el propio Ministerio del Interior, para esclarecer lo ocurrido, garantice que no se van a garantizar esas devoluciones".
La abogada ha indicado que la intención es "agotar todas las posibilidades de investigación judicial en España y en caso de que no pueda ser así, la familia está firmemente decidida a llegar hasta el final para clarificar las circunstancias que rodearon la muerte de Mohamed", que todos los internos consultados por esta parte "lo describen como una persona de carácter alegre y el que sostenía los ánimos de los demás".
Así, el Gobierno argelino ha anunciado el inicio de una investigación para esclarecer la muerte de esta persona. "La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la muerte de Mohamed Bouderbala en un centro de detención del sur de España y hemos pedido a las autoridades españolas el cuerpo del fallecido para que podamos practicarle una autopsia", ha confirmado el ministro de Justicia, Tayeb Louh, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias argelina APS.
Agentes de la Policía Nacional localizaron el pasado día 29 de diciembre el cuerpo sin vida de un interno, un hombre de 36 años y nacionalidad argelina. Esta persona había llegado a las instalaciones después de que un juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.
