El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en relación con el apoyo al sector de las autoescuelas. En concreto, lamentan que la provincia cuente con más de 16.684 personas pendientes de la obtención del permiso de conducción "debido a la ineficaz gestión que en esta materia está realizando la DGT".
También proponen mostrar apoyo al sector de las autoescuelas, "cuyos pequeños y medianos negocios están viéndose gravemente perjudicados por la falta de examinadores y el sistema de cupos establecido".
De igual modo, en la moción se propone que el Ayuntamiento de Málaga solicite al Gobierno que lleve a cabo la dotación económica necesaria para que, a corto plazo, se permita a los examinadores realizar horas extraordinarias para desbloquear el colapso existente y, a largo plazo, se incremente la plantilla de examinadores en la jefatura provincial de tráfico de Málaga y en cuantas otras presenten este mismo problema.
Así lo han informado en rueda de prensa la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y el concejal delegado de Movilidad, José del Río.
En la moción, el grupo municipal 'popular' recuerda que a fecha 13 de noviembre hay en la provincia de Málaga un total de 16.684 personas --12.358 de ellas en la capital-- que están esperando para poder examinarse del permiso de conducir pese a haber abonado ya las tasas. La cifra, que era de 4.000 personas en el mes de septiembre, se ha multiplicado por cuatro desde entonces.
Según explican desde el sector, a los retrasos ocasionados con motivo de la pandemia de COVID-19 se suma el hecho de que el número de examinadores con los que cuenta la Dirección General de Tráfico en Málaga "es insuficiente para atender la demanda".
En este sentido, informan de que hay únicamente 27 examinadores y dos coordinadores, de los que no todos ellos prestan servicio activo si se tienen en cuenta las bajas, vacaciones y reducciones de jornada.
A esto añaden que, "precisamente para disimular la falta de personal suficiente, la DGT ha aplicado el denominado sistema CAPA (Capacidad de las pruebas de aptitud) que establece cupos a las autoescuelas y pone límite al número de alumnos que cada una puede presentar a examen en función de la demanda de cada autoescuela para un ciclo determinado y aplicando un factor de corrección en función del índice de aprobados de cada una de ellas en pruebas anteriores".
"Este sistema de cupos ha generado un importante cuello de botella ya que las autoescuelas se ven imposibilitadas para dar salida a la demanda que tienen y ha ocasionado además agravios entre ellas", se precisa en la moción.
De igual modo, han apuntado que "la parálisis a la que el Gobierno ha sometido al sector de las autoescuelas --tanto por la falta de examinadores como por el sistema restrictivo implantado que, en la práctica, limita su actividad-- está perjudicando gravemente a estos pequeños y medianos negocios y también a miles de malagueños que optan a obtener el permiso de conducir que, en muchos casos, es un requisito imprescindible para acceder a un puesto de trabajo".
Asimismo, han agregado que, además, esta situación también está afectando a otros sectores del tejido empresarial como son los fabricantes y concesionarios de vehículos nuevos y usados, las compañías de seguros, los distribuidores y expendedores de combustible, los talleres de reparación de vehículos, etcétera, "imposibilitando un aumento significativo de la recaudación tributaria para las arcas del Estado a través de los impuestos directos o indirectos que todo ello conllevaría". En suma, han asegurado "solo encontramos inconvenientes en la gestión que la DGT está llevando a cabo en esta materia".
A juicio del PP en el Ayuntamiento, "si se quiere detener la asfixia a la que se está sometiendo a las autoescuelas --muchas de ellas están a este ritmo condenadas a su desaparición al ser pequeños negocios-- y a la vez mejorar la capacitación de quienes necesitan el carné de conducir en ocasiones, por ejemplo, para la obtención de un puesto de trabajo, la DGT debe tomar medidas y aplicar un nuevo plan de choque".
En concreto, han dicho, "deben librarse desde el Gobierno fondos económicos que permitan a corto plazo la realización de horas extraordinarias por parte de los examinadores y, a largo plazo, dotar de una plantilla adecuada a la jefatura provincial de Málaga y a aquellas otras que presenten la misma problemática".
