El Ministerio de Defensa deberá asumir la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso del militar gallego que murió en 2004 tras estar expuesto a la inhalación de amianto durante su jornada laboral y deberá indemnizar a la familia con 115.000 euros. 

El militar fallecido, Miguel García García, estaba destinado en el Arsenal de Ferrol y falleció con 54 años en el año 2004 “en acto de servicio”, según consta en la resolución ministerial a la que ha tenido acceso Efe. 

El Ministerio tendrá que indemnizar a la viuda y al hijo del oficial fallecido con 106.000 y 9.000 euros respectivamente.
El departamento que dirige la ministra Carme Chacón admite que el fallecimiento del militar, ocurrido en septiembre de 2004, se produjo a causa de “un mesoteliona pleural maligno” causado por su exposición al amianto “durante el desarrollo de su actividad profesional”, en el departamento de buques y electricidad de la Armada. 

La resolución ministerial estima, por tanto, que la muerte “es imputable a la Administración”, que “conoce el riesgo” del uso del amianto.

El asbesto, también llamado amianto, es un material cancerígeno con una elevada mortalidad y empleado durante décadas como aislante en la construcción naval, tejados o tuberías, cuyo uso fue prohibido hace décadas en los países desarrollados.

La resolución de Defensa responde a la demanda interpuesta en diciembre de 2006 por el gabinete jurídico de CCOO en Ferrol en nombre de la viuda e hijo del fallecido, que reclamaron a la Administración central la responsabilidad patrimonial del Estado en la muerte del militar.

El documento de Defensa fija una indemnización económica de 106.275,53 euros para la viuda y 8.856,30 euros para el hijo del militar fallecido.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe subrayaron que la importancia de esta resolución reside en que por primera vez en Galicia, el Ministerio asume su responsabilidad patrimonial en la muerte de un militar expuesto al amianto.

Desde CCOO se insta al Gobierno central a que disponga un fondo de garantías que canalice las indemnizaciones por asbestosis para evitar que los demandantes tengan que recurrir individualmente a los tribunales.