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Miércoles 27/11/2024
 
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Mundo

El Gobierno sancionará a las autonomías que no cumplan con el déficit retirándoles financiación

Un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención

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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado este sábado que el Gobierno podrá sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit, un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención.

En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión de la dirección del PP catalán, ha detallado que si una autonomía o una corporación local no cumple con el objetivo de déficit la sanción se materializará a través de "su participación en los ingresos del Estado".

Este mecanismo está contemplado en la Ley de Estabilidad, y Montoro ha defendido que es una normativa que proviene de Europa y que el Gobierno se limita a aplicar en España para así afrontar la salida de la crisis con garantías.

"La sanción es una penalización económica, y esta penalización pasa por la aplicación de la financiación autonómica. Estos mecanismos son previos a los que sería una intervención. En definitiva, es lo mismo que se hace en Europa", ha sentenciado.

Montoro ha precisado que también es aplicable a las corporaciones locales, y para las corporaciones locales que se acojan al plan de proveedores del Estado, "su capacidad de devolver los créditos también estará vinculada a la participación de los ingresos del estado".

"En el momento en que no se cumpla, la sanción será en la llave de la financiación autonómica o en la llave de la financiación local", ha resumido.

Apoyo de CIU
Montoro no entendería la queja de la Generalitat ante esta medida porque está contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obtuvo en el Congreso el apoyo de CiU. "Fue votada por partidos nacionalistas, el PNV se abstuvo y CiU votó a favor. Esto tiene un gran valor político porque no necesitábamos esos votos", ha apuntado.

El ministro ha asegurado que la ley es vital para dar "credibilidad" tanto a España como a Cataluña, y ha sentenciado que la norma fue, a su juicio, un gran éxito político.

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