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Miércoles 27/11/2024
 
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Moncada Luna, primer magistrado en la historia de Panamá que entra en prisión

Un acuerdo con la Fiscalía parlamentaria que lo investigó y que dejó fuera los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos, limitó a un máximo de 5 años la pena de cárcel, y estableció además el decomiso de dos propiedades de lujo en la capital panameña

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Alejandro Moncada Luna se convirtió hoy en el primer magistrado del Supremo de Panamá que es condenado por delitos de corrupción y enviado a una cárcel, la misma en la que cumple condena el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega.

Moncada Luna, designado en 2010 magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución que también presidió, fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito, que se castigan en Panamá con un máximo de 8 y 12 años de prisión, respectivamente.

Un acuerdo con la Fiscalía parlamentaria que lo investigó y que dejó fuera los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos, limitó a un máximo de 5 años la pena de cárcel, y estableció además el decomiso de dos propiedades de lujo en la capital panameña.

El convenio, del que ayer el magistrado se había retractado pero que hoy retomó, también habilitó a las tres diputadas integrantes de la Subcomisión de Garantías a dictar la sentencia del caso, que de haber seguido su curso normal habría llegado al pleno para que el voto de las dos terceras parte decidiera sobre la culpabilidad de Moncada Luna.

Las diputadas jueces, así como la Fiscalía y miembros de la sociedad civil, calificaron el caso de "histórico", no sólo porque es el primer magistrado del Supremo que es juzgado y condenado, sino también porque el proceso se ha llevado a cabo utilizando un nuevo sistema penal acusatorio que se está implementando en Panamá.

El Parlamento es la única institución en Panamá que, por constitución, puede juzgar a magistrados, expresidentes y diputados.

"Todo el país está pendiente de este acuerdo", dijo durante la audiencia una de las tres diputadas jueces, Zulay Rodríguez.

Este caso de corrupción ha tenido gran repercusión mediática e impacto en la opinión pública.

Durante los últimos días, los canales de televisión del país han permanecido atentos a las novedades del proceso con conexiones en directos desde la Asamblea Nacional y siguiendo cada movimiento del acusado.

La defensa de Moncada Luna trabajó para que el magistrado, que fue designado miembro del Supremo por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cumpliera la pena en casa alegando motivos de salud, pero el tribunal rechazó la petición.

Moncada Luna, a quién se le practicó en el pasado un cateterismo, padece de "hipertensión arterial crónica" pero "no requiere hospitalización", según certificaron médicos forenses durante el proceso.

Las jueces desestimaron la petición de cumplir la pena en arresto penitenciario porque consideraron que "los delitos aceptados son graves", además de que durante el proceso no se aportó "ninguna evidencia adicional que pudiera atenuar la responsabilidad de Moncada Luna"

El magistrado, que recibió la sentencia cabizbajo y un tanto desubicado, solicitó también el desbloqueo de unas cuentas, supuestamente vinculadas a la investigación, pero las juezas decidieron "retener" estos depósitos bancarios hasta que las "autoridades correspondientes" decidieran sobre su desbloqueo.

La Fiscalía dijo que con este acuerdo, en el que también se decretó la inhabilitación del magistrado separado para ejercer cualquier función pública durante 60 meses, hay "certeza de castigo", argumento que fue respaldado a su vez por las jueces.

"Con esta sentencia tenemos el deber histórico de contribuir a la restauración de nuestras instituciones y a la credibilidad del sistema de administración de justicia", dijo la diputada Katleen Levy mientras leía la sentencia.

Moncada Luna ingresó, a las dos horas de conocer la sentencia, en la misma cárcel donde cumple condena desde 2011 Noriega (1983-1989), condenado a 60 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

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