Las reacciones de los gobiernos de las comunidades autónomas al debate de la nación han tenido una correspondencia bastante exacta con las posiciones de los grupos parlamentarios: los socialistas, pidiendo a los populares que arrimen el hombro; la oposición, considerando insuficientes las propuestas del Gobierno. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP manifestó que “es muy peligroso empezar a abrir la mano con ayudas directas”, dijo en referencia al Plan 2000E para financiar la compra de un automóvil. 

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Nuñez Feijóo, ha criticado dicho plan por “extralimitarse” de las competencias del Gobierno central. 

También, en este sentido, el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, del PSOE, está dispuesto a cofinanciar la línea de ayudas a la compra de vehículos por el beneficio que tendrá “para los consumidores y para los empleados de Arcelor Mittal”. 

Por su parte, el presidente de Castilla La-Mancha, el socialista José María Barreda, afirmó que la oposición debe ayudar a la gobernabilidad del país “planteando alternativas” en vez de “negar sistemáticamente al adversario”. 

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias (PSOE), confió en que el líder de la oposición “arrime el hombro y sepa estar a la altura de las circunstancias”. 

La vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga, también socialista, dijo que “comparte los objetivos” planteados por Zapatero porque suponen “un paso definitivo” para salir de la crisis. 

Por último, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP) aseguró que: “El Gobierno intenta distraer la atención de los tremendos problemas que tenemos los españoles”.