El ex conseller de la Generalitat Maciá Alavedra; el ex secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, son tres de las ocho personas detenidas en una operación contra la corrupción desarrollada ayer en Barcelona.

Según fuentes de la investigación, en la operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, también han sido arrestados por la Guardia Civil el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela, y el ex diputado del PSC Luis García.

A estos se suman dos empresarios de la construcción, Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
Las mismas fuentes han advertido de que la operación no está cerrada, y no descartan que se produzca algún arresto más en las próximas horas.

Desde primera hora de la mañana de ayer, agentes del instituto armado registraron la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma, en el que reclamaron diversos expedientes y documentación de la Secretaría General, los Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática.

Los agentes también inspeccionaron la sede de la empresa municipal de promoción inmobiliaria Gramepark S.A. y de la empresa municipal de promoción empresarial Grameimpuls S.A. en busca de documentación que las relacione con esta trama de corrupción.

La Guardia Civil investiga ahora si la red operaba a través Gramepark, presidida por uno de los detenidos, el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.

Los investigadores tratan de averiguar si esta empresa municipal, que nació hace veinte años como constructora de aparcamientos, fue utilizada por la trama de corrupción, que presuntamente operaba mediante la adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción.

Fuentes jurídicas han explicado que la operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.

En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos ayer por orden de Garzón.

Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un manual de productos fiduciarios y una cuenta corresponsal.

Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus, que –según la investigación– cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo “optimizar fiscalmente” los ahorros de sus clientes.

La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo’92 y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.


El PSC actuará contra implicados


El Partido Socialista de Catalunya (PSC) suspenderá de militancia a todos sus afiliados que estén imputados en el caso de corrupción urbanística destapado en la jornada de ayer, incluido el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, mientras que CDC prefiere no actuar contra sus dos encausados para respetar su presunción de inocencia.

Las detenciones han provocado un gran revuelo en la clase política catalana. El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, anunció que si la “autoridad judicial toma medidas” contra Bartomeu Muñoz y otros militantes, el PSC pedirá la renuncia de sus cargos públicos y les expulsará del partido.