El monumental lío montado con las vacunas ha tumbado las previsiones más optimistas. “A este ritmo no llegamos ni al 15%” de la población andaluza inmunizada en verano, admite el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La Administración autonómica cuenta con haber administrado el medicamento antes del 21 de marzo a 79.233 andaluces que residen en centros de mayores, así como al personal sanitario y sociosanitario; a 73.634 profesionales de la sanidad pública y privada; y a otros 304.992 personas entre el resto del personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes sin institucionalizar. Pero este viernes solo se habían contabilizado 266.231 inyecciones en Andalucía, 30.224 en Cádiz. Moreno reclama al Gobierno central que presione a la Comisión Europea más dosis para España. Por su parte, Bruselas amenaza a los fabricantes con controlar sus exportaciones. Los profesionales que están en primera línea del Covid asisten impotentes y frustrados a este toma y daca entre administraciones y laboratorios. Quienes aún ni siquiera tienen fecha pero desempeñan su trabajo con un riesgo alto de contagio admiten miedo y desesperación. El personal de ayuda a domicilio, agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional y docentes reclaman prioridad porque se la juegan cada día. Sin respuesta, los escándalos de cargos públicos, civiles y militares, que se han saltado la cola acaban por “tocarles la moral”. “Solo somos esenciales para cumplir con nuestras obligaciones, pero no para acceder a la inmunidad”, lamentan.
Policía y Guardia Civil siguen sin ser considerados personal de riesgo
El cese fulminante por parte del Ministerio del Interior del teniente coronel de la Guardia Civil que fue vacunado la semana pasada al estar integrado en el Estado Mayor de la Defensa, junto a otro centenar de cargos militares y civiles, ha indignado a los agentes que aún hoy ignoran cuándo recibirán las primeras inyecciones. Según publicó ‘La Razón’ en exclusiva este jueves, se administrará el medicamento a los miembros de la Benemérita y la Policía Nacional justo después de que se haya completado la fase de inmunización del personal sanitario. Pero no hay confirmación oficial. Tampoco fechas posibles, confirma Rafael Sánchez, secretario provincial de Jucil, quien expresa su preocupación ante esta situación porque “estamos en permanente contacto con los ciudadanos cada día durante un montón de horas” para garantizar el cumplimiento de las normas de prevención y control de contagios por coronavirus. “Nos toca la moral porque no estamos en los planes de vacunación”, añade. Su homólogo en Jupol, Antonio Rodríguez, apunta que “ni siquiera se aplican protocolos específicos cuando hay un positivo en el entorno”. “Depende de los mandos, pero normalmente te envían a casa para que te aísles y no te hacen el test salvo que tengas síntomas”, explica.
Pero no es el único agravio. Rodríguez asegura que, en la atención a inmigrantes irregulares, los recién llegados se someten a pruebas PCR; los efectivos policiales, no. La situación no es nueva. Cuando el Gobierno declaró el estado de alarma en marzo pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no fueron declaradas como colectivos de riesgo. La situación no ha cambiado “aunque hay un montón de contagios en las comisarías”. “La directora general de la Guardia Civil (la sanluqueña María Gámez) no se da por enterada”, señala, por su parte, Sánchez. Asimismo reclama formación específica para la manipulación de los equipos de protección individual (EPI). “No tenemos más que unas instrucciones generales y la recomendación de que lo utilicemos cuando consideremos que es preciso”, asegura. Pero, advierte, “es importante saber cómo ponérselos y, sobre todo, cómo quitárselos”. Y, finalmente, plantea la opción de que Gobierno y administraciones autonómicas dispongan del personal militar para agilizar la vacunación en general. “En la academia, en 2006, nos vacunaron a 4.500 aspirantes en una sola mañana”, recuerda.
Sanidad considera que los docentes no están en peligro pese a estar muchas horas con alumnos encerrados en el aula
El Ministerio de Sanidad dictaminó que, en el ámbito educativo, los trabajadores se sitúan en un Nivel de Riesgo 1 (NR1), con baja probabilidad de exposición al virus. Esa categorización, realizada en base al ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV2’ en junio, es “insuficiente”. El responsable provincial de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (Feuso), José Luis Collantes, asegura que “el riesgo es alto debido a que los docentes están muchas horas con un número elevado de alumnos en el aula”. “Durante el temporal, ha habido centros, además, con mucha dificultad para poder ventilar”, explica. Por ello, la organización ha solicitado que se priorice al profesorado en el segundo grupo de vacunación contra el coronavirus. “De esta manera conseguiremos la máxima seguridad para todos los que intervienen en el proceso educativo de los alumnos”, añade. Collantes señala, por otra parte, dos colectivos que precisan de especial atención. Por un lado, los profesionales de mayor edad, que suele concentrarse en los centros de enseñanza concertada, dado que en la pública pueden alcanzar el 100% de la jubilación incluso con 60 años. Por otro, aquellos que desempeñan su labor en las instalaciones de Atención a Discapacidad, donde el contacto es más estrecho y la labor del docente trasciende incluso lo educativo porque el alumnado está conformado por personas con varias patologías y, en general, con mayor vulnerabilidad ante el Covid-19. Paralelamente, el portavoz de Feuso en Cádiz reclama a la Administración mascarillas FFP2 y la instalación de medidores de CO2 en las aulas para analizar la calidad del aire y evitar contagios abriendo ventanas cuando sea necesario.
Los empleados de ayuda a domicilio de empresas privadas se quedan en el limbo sin fecha para la inyección
La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía confirmó el jueves pasado que procederá a la vacunación prioritaria de la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio tras las reiteradas peticiones de la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de 2.300 empleadas que atienden cada día a 4.000 hogares. La Junta no ha aclarado, sin embargo, si también se administrará el medicamento a los profesionales que no trabajan para la Administración pública. “No existimos para el Gobierno autonómico”, lamenta María José Batista, gerente de Acudo, empresa isleña con 18 trabajadoras que ofrecen cuidados en la Bahía de Cádiz. “En Atención Primaria nos dicen que debemos ser considerados prioritarios en la primera fase de la campaña de vacunación, pero nos hemos dirigido a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y no hemos obtenido respuesta”, denuncia. Batista remarca que, “aunque somos empresa privada, tenemos autorización de la Junta y en nuestra actividad, en cada jornada, tenemos contacto estrecho con numerosas personas vulnerables”. En marzo pasado, “ya sufrimos la falta de equipamientos de protección individual (EPI); ahora volvemos a estar en el limbo”, agrega.
