José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, duda sobre el número de personas que se encuentran en situación irregular en España. Aunque la fundación PorCausa los cifra entre los 390.000 y los 470.000, según estudio elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, calcula que puede alcanzar el medio millón “porque hay quien ha perdido los papeles durante la pandemia” y no ha podido renovar residencia. La región, agrega, suma el 10% del total. Morales tiene claro, sin embargo, que el colectivo se encontrará con serios problemas para ser vacunado contra el Covid-19. “Parece que hay voluntad política, pero no existen garantías”, añade.
Natalia García, integrante del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), explica en conversación telefónica que el Gobierno autonómico informó el pasado 3 de marzo que las personas residentes que no disponen de cobertura sanitaria pública podrán recibir el fármaco si cuentan con residencia legal y por medio del registro de sus datos de identificación y localización a través de los consulados.
“Nos preocupa que la estrategia de vacunación no contemple planes específicos que atiendan las distintas realidades”, afirma al respecto de la declaración de intenciones de la Junta. “Es necesario mecanismos precisos que aseguren el acceso al fármaco, garantizando la atención especialmente a quienes carezcan de tarjeta sanitaria”, reclama.
Obtener la tarjeta sanitaria es una quimera. Entre los requisitos necesarios se encuentra contar con certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento. “No es sencillo de conseguir”, subraya. La burocracia es, en la mayoría de estas ocasiones, una barrera infranqueable.
“Es necesario que se ponga en conocimiento de la ciudadanía las instrucciones para que todas las personas que en estos momentos no tengan la tarjeta sanitaria y, por lo tanto, no consten en la base de datos del sistema, tengan claro los pasos a seguir, de modo que su derecho a la salud quede garantizado”, reclama APDH-A en el documento reivindicativo #NadieSinVacuna, al que se han adherido diversos colectivos.
La entidad expresa, asimismo, su preocupación respecto a la inconcreción de la campaña de inmunización con quienes desempeñan trabajos en servicios esenciales como la limpieza, el cuidado de dependientes, jornaleros o repartidores que padecen de forma sistemática exclusiones y ausencia de garantías en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales también quedan al margen. “El Ministerio de Igualdad ha mercadeado con nuestros cuerpos y ha jugado con nuestra hambre” durante la pandemia, denuncia Marijose Barreda, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. “El Gobierno pidió que se cerraran los clubes y no hemos podido acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, añade. “Somos un colectivo vulnerable, ejercemos una profesión de riesgo y no se nos tiene en cuenta”. Ni antes ni ahora. “Ahora, más de lo mismo”, lamenta.
“Se nos ha negado hasta poder recibir alimentos por no estar empadronadas”, advierte Barreda, quien teme que, por lo tanto, sea imposible acceder a la vacunación sin tarjeta sanitaria. Advierte, no obstante, “no vamos a dejar de putear porque hay que comer”.
La representante del colectivo carga contra lo que denomina “la industria del rescate”, asociaciones que “reciben subvenciones en nuestro nombre pero solo ganan ellas”. “Nos dan quince condones cada nueve días; dicen que se preocupan por nuestra salud, pero no hacen nada para defender nuestros derechos”.
“La vacunación es una cuestión de salud pública, se trata de un derecho que tenemos todos, con o sin papeles”, plantea, por su parte, Fuensanta Gual, presidenta del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), quien subraya la dificultad por la que atraviesan muchas mujeres en situación irregular que no han podido ejercer la prostitución por el cierre de locales y las restricciones horarias y de movilidad durante el último año.
“La Junta no ha respondido a nuestra petición”, advierte la portavoz de APDH-A, quien considera que “el Gobierno español debe velar por el cumplimiento del derecho a la salud”. Propone, en este sentido, que la cuestión se aborde en el Consejo Territorial. “Deben cesar las políticas de racismo institucional que provocan que existan personas en situación administrativa irregular y excluidas del sistema sanitario”, concluye.
