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Jueves 05/12/2024
 

Provincia de Granada

Piden penas de siete años de cárcel para tres acusados de introducir cocaína en España

Antonio C.A., de 33 años, que era el encargado de contactar con terceras personas para que hicieran portes desde Sudamérica

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La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de siete años de prisión y multas de 80.000 euros para tres personas acusadas de introducir sustancias estupefacientes en España, después de que dos de ellas fueran sorprendidas en el Aeropuerto Madrid-Barajas procedentes de Punta Cana con más de 2,3 kilos de cocaína ocultos en sus maletas con un valor de 70.000 euros en el mercado ilícito.

   Según consta en el escrito de acusación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la detención de esta personas se enmarca en una investigación policial por una "operación de entrada de droga a España" con la intermediación de uno de los acusados, Antonio C.A., de 33 años, que era el encargado de contactar con terceras personas para que hicieran portes desde Sudamérica.

   Así, Antonio C.A. se puso en contacto en junio de 2011 con los otros dos procesados, Gregorio V. y Vanessa G., de 31 y 30 años, para que realizaran el viaje a Punta Cana a cambio de percibir cada uno de ellos 6.000 euros a fin de que transportaran hasta territorio nacional las sustancias ilícitas.

   Para ello, Antonio C.A. les trasladó al Aeropuerto de Barcelona desde la localidad de Valis (Tarragona), donde ambos residían, y quedó encargado de recogerlos cuando llegaran de Sudamérica, así como de hacerse cargo de la droga para su posterior distribución y venta.

    No obstante, Gregorio V. y Vanessa G. fueron interceptados el 20 de junio de 2011 en el Aeropuerto Madrid-Barajas cuando, procedentes de la República Dominicana, pretendían introducir ocultos en un doble fondo de las maletas que portaban seis envoltorios de idénticas características que contenían 1.165 y 1.156 gramos de cocaína respectivamente para destinarlos a su posterior distribución y venta.

   El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y el juicio está previsto que se celebre el 10 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

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