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Sábado 30/11/2024
 

Provincia de Granada

IU afirma que la reactivación de las obras del trasvase del río Castril es "ilegal"

El coordinador provincial de IU en Granada, Manuel Morales, ha interpretado el anuncio del subdelegado como "una declaración de intenciones del Gobierno de España de desobedecer las sentencias judiciales que de forma reiterada han dado la razón a los vecinos y agricultores que defienden su río"

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IU ha anunciado que pedirá explicaciones después de que el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, aludiera el jueves a la posibilidad de que se reactiven las obras del trasvase del río Castril, toda vez que una sentencia firme del Tribunal Supremo declaró ilegales los trabajos y las expropiaciones iniciadas para llevarlos a cabo.

   De hecho, el coordinador provincial de IU en Granada, Manuel Morales, ha interpretado el anuncio del subdelegado como "una declaración de intenciones del Gobierno de España de desobedecer las sentencias judiciales que de forma reiterada han dado la razón a los vecinos y agricultores que defienden su río".

   En este sentido, ha recordado que la Audiencia Nacional suspendió de forma cautelar el Real Decreto de Sequía que daba amparo jurídico a este trasvase para abastecer a Baza, mientras que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo --a petición de la Plataforma en Defensa del Río Castril-- en relación a una nueva normativa que para Morales fue creada para "eludir" la orden de paralización del trasvase.

   Para IU, la única actuación legalmente posible en estos momentos en el río Castril es "la demolición de las obras de trasvase y la devolución de las tierras a sus propietarios", por lo que considera imprescindible una "rectificación urgente" de la línea de actuación anunciada por el subdelegado de Gobierno en Granada.

   Por ello, la organización de izquierdas ha puesto en conocimiento de su grupo parlamentario federal, y en concreto del senador José Manuel Mariscal, esta cuestión, al objeto de recabar explicaciones del Gobierno sobre las declaraciones del subdelegado del Gobierno, que califica de "inmorales".

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