La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha considerado que José Torres Hurtado se ha convertido en un "mal alcalde" que "está haciendo mucho daño" a la ciudad de Granada, y que en diez años de mandato al frente del Ayuntamiento "no ha traído más que bronca, confrontación y retroceso".
"Granada no merece tener un alcalde que en lugar de defender lo mejor para su ciudad y los intereses de sus vecinos se dedica a poner zancadillas a los proyectos que vienen de la mano de otras administraciones por el simple hecho de que no las gobierna el PP. Solo busca la confrontación con la Junta de Andalucía", ha dicho Jiménez en una entrevista con Europa Press.
La socialista cree además que Torres Hurtado es un alcalde "que no tiene capacidad de interlocución ni con los suyos, al que no reciben en Madrid", un alcalde "que no lucha, que no dialoga para mejorar la ciudad como sí hacen otros alcaldes del PP".
Sobre su imputación en el caso del Cerrillo de Maracena, por el que el alcalde tuvo que declarar el pasado mes de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, tras una querella que el grupo municipal del PSOE interpuso contra él por posible prevaricación en una operación urbanística, Jiménez ha defendido su presunción de inocencia, que "es un derecho de todos y para todos". "Las medidas a tomar tendrán que decidirlas los tribunales", ha considerado.
También ha aludido al derecho a la presunción de inocencia para otros alcalde del PSOE imputados, como es el caso de los de Armilla, Atarfe o Íllora, aunque no obstante ha achacado esas imputaciones a la "estrategia del PP de Granada y de su presidente", Sebastián Pérez, "que anima a los suyos a machacar, trillar y denunciar aunque sea mentira".
"El PP pretende engañar y confundir a la opinión pública. Sus mentiras representan lo peor de la política, una burla para el sistema democrático y una falta de respeto al municipalismo. La desvergüenza llega a sus límites cuando se inventan causas penales inexistentes, cuando pintan en un mapa municipios supuestamente corruptos que gobiernan ellos mismos o cuando incluyen como causas penales meros contenciosos administrativos contra ayuntamientos, que no contra sus alcaldes. No es que no haya pruebas, es que no hay casos. Ellos se los inventan, denuncian, condenan mediáticamente y luego los casos ser archivan o terminan en absolución", ha sostenido.
En Santa Fe, su alcalde, el socialista Sergio Bueno, también está imputado por supuestas contrataciones ilegales pero, según Jiménez, también por "otro episodio más de la doctrina de Sebastián Pérez de machacar, denunciar y trillar". "Lo que ha hecho el PP de Santa Fe es aprovecharse de una tránsfuga para llevar al municipio a una situación de ingobernabilidad que ya resulta insostenible, sobre todo para sus habitantes, que son los verdaderamente castigados por el PP", señala la dirigente del partido a nivel provincial.
Sobre la situación en Atarfe, y los juicios previstos también contra su exalcalde, el socialista Víctor Sánchez, Jiménez ha recordado que él ya dimitió por una sentencia condenatoria de la que finalmente resultó absuelto. "Respetamos la independencia de los jueces y creemos en la presunción de inocencia. En el PSOE quien la hace la paga, pero no vamos a condenar a nuestros alcaldes antes de que sean enjuiciados porque de momento lo único que hay es un procedimiento que aún no ha concluido", ha explicado.
También se ha referido a otros municipios en los que gobierna el PP, como Otura, que es, a juicio de la socialista, "el mejor exponente de cómo el PP aplica la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás".
"Aquí no estamos hablando de imputados, sino de procesados que están sentados en el banquillo y para los que se piden penas muy elevadas. Habrá que ver cuál es el desenlace de esos procedimientos y si finalmente acaban en condena. Defiendo la presunción de inocencia para todos, incluso para los dirigentes del PP que, estando procesados, pretenden dar lecciones de ética política. Lo que es inadmisible y censurable es que el PP esté utilizando a los vecinos del municipio, perjudicando los intereses de los ciudadanos, por sus batallas internas. No se puede utilizar un ayuntamiento ni convertir a los otureños en rehenes de las luchas y conspiraciones internas del PP", ha apuntado.
En Gójar, donde gobierna Francisco Javier Maldonado (PP), se está investigando por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada el convenio que firmó el Ayuntamiento con la empresa Cavifer, en la que uno de los socios es el hermano del regidor, si bien Jiménez prefiere, "como en cualquier procedimiento penal", esperar "activamente la resolución de la justicia".
No obstante, considera "inadmisible que a estas alturas no hayamos oído al presidente del PP ni a ningún otro dirigente popular dar ninguna explicación pública", después de que se haya difundido que un informe elaborado por una perito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya revelado que la empresa obtuvo un total de 321.350 euros de beneficios tras firmar el convenio, para la construcción en el municipio de 19 viviendas, locales y aparcamientos, y la apertura de un vial en la calle San Luis.
"Es lo menos que se puede hacer por respeto a los ciudadanos cuando un alcalde, que además es diputado provincial y persona de máxima confianza del presidente del PP, se va a sentar en el banquillo por presuntas corruptelas que han supuesto importantes beneficios para sus familiares", ha concluido.
