El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, que investigaba el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra de 2002 a 2005, ha cerrado el caso con un total de 77 imputados, y tras casi nueve años de investigación.
A los imputados, a los que se suman como procesadas las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como personas jurídicas, se les atribuye provisionalmente los delitos de malversación de caudales públicos --o subsidiaria o alternativamente delitos de
apropiación indebida--; falsedad en documento mercantil; coacciones; sustracción de cosa propia a su utilidad cultural; y daños al Patrimonio Histórico Español.
El caso comenzó a investigarse después de una denuncia de la Policía Autonómica en agosto de 2005, tras la detección por parte de la dirección del Patronato de la Alhambra de "ciertas irregularidades" en las visitas organizadas al monumento por un determinado grupo de guías turísticos que trabajaban para algunas agencias de viajes, de un parte, y, de otra, por personal laboral del propio Patronato.
Así consta en el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez, de fecha 27 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, y que da ahora un plazo común de diez días a las partes acusadoras para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En la amplia resolución, notificada este lunes y de 236 páginas, el magistrado hace una relación alfabética de los imputados, entre los que se encuentran numerosos trabajadores del monumento, entre ellos los controladores de accesos, taquilleros e informáticos, además de guías turísticos, y empleados del BBVA --que entonces se encargaba de la venta anticipada de entradas--, de las agencias de viajes y de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada.
LA OCUPACIÓN DEL MONUMENTO "EN AUMENTO"
Sus conductas "irregulares" dieron lugar a que la ocupación del monumento "siempre iba en aumento", la recaudación del Patronato "en descenso", y los beneficios de las agencias de viajes procesadas "también en aumento".
Para el magistrado Del Arco, "ha quedado demostrado" por el informe del Inspector de la Agencia Tributaria que determinadas agencias de viajes vendieron y facturaron entradas "sin haberlas comprado", siendo todo el importe de los tickets vendidos para la empresa "en detrimento del Patronato".
Estas conductas se producían "a iniciativa del controlador", con la "aquiescencia de los oficiales que lo presenciaban", y ellos también lo practicaban, participando asimismo los guías turísticos que acompañaban los grupos, y personas de agencias de viajes encargadas de facilitar las entradas a los grupos.
Asimismo, el juez recoge una relación de los informes periciales realizados durante la instrucción, entre ellos sobre el impacto económico de la Alhambra en la ciudad de Granada, o acerca de la incidencia del turismo organizado en viaje colectivo de carácter comercial, con la visita guiada a la Alhambra como producto central de operadores granadinos, "a veces el único"; sobre los posibles daños causados a la Alhambra; sobre las entradas o sobre las irregularidades en su impresión, entre otros.
Según señala en el auto, uno de los informes concluyó que en los cuatro años examinados, de 2002 a 2005, el número de billetes o entradas supuestamente desaparecidas o sustraídas fue de un total de 50.912. Esa desaparición o "impresión clandestina" de los billetes ocasionó un "perjuicio económico" al Patronato de la Alhambra, en esos cuatro años, de más de 7,1 millones de euros; y un "beneficio" para la "trama de partícipes".
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran, entre otras, facturas de entradas en 'b', impresión de entradas antes de la apertura de las taquillas, o con fecha posterior al día de visita, acceso de visitantes sin entrada, o con ya utilizadas anteriormente, acceso de guías sin acreditación, grupos de jubilados con entrada de visita general y viceversa, o aceptación de "regalos o dádivas" de representantes de agencias de viajes por parte de los controladores, irregularidades en la facturación a agencias de viajes, o desaparición de facturas.
