La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha asegurado que se está trabajando para buscar una fórmula jurídica que permita financiar el servicio de comedor en los centros concertados de la zona norte de Granada, un asunto que es una "absoluta prioridad" para el Gobierno andaluz.
La administración autonómica no está sola en el asunto; por ejemplo, el secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ha manifestado a Europa Press que, en este sentido, Junta y patronal han abierto una vía de diálogo con el objetivo de buscar soluciones al conflicto, para cuya resolución la administración autonómica "tiene buena voluntad".
De la Calle, que se ha manifestado "respetuosa con la legalidad", ha explicado en el Pleno del Parlamento andaluz, a sendas preguntas de los Grupos Popular y Socialista, que en la actualidad la financiación de este servicio por parte de la Junta no tienen encaje legal después de que órganos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas pusieran reparos legales a la figura de los convenios, que era lo que se estaba utilizando.
Durante su intervención, la consejera ha señalado que el Gobierno andaluz no se cuestiona dar el servicio, sino que está buscando la fórmula que permita, "cuanto antes", adaptarlo a la norma. De la Calle ha mostrado su preocupación por la situación de cualquier niño que necesite servicio de comedor y no lo esté recibiendo "vivan donde vivan".
En este sentido, la titular de Educación ha informado de que la solución no solo sería para los centros de la zona norte de Granada, sino que también se aplicaría a centros concertados de otras provincias que comparten la misma singularidad por el contexto socioeconómico en el que se encuentran.
21 MILLONES DE MENÚS
Ya en un marco general, los alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial usuarios de comedores escolares, entre los que se incluyen los beneficiarios del Programa de Seguridad y Garantía Alimentaria, son más de 180.000. El 57 por ciento de estos recibe este servicio de forma gratuita, es decir, cuentan con una bonificación del 100 por ciento del precio público, 4,50 euros diarios, que además permanece congelado desde el año 2009; ocho de cada diez usuarios cuentan con algún tipo de bonificación.
Los 1.886 centros autorizados con servicio de comedor, ya sean de gestión directa, a través de empresas de catering o de acuerdos con otras instituciones, fundamentalmente ayuntamientos, servirán 21 millones de menús a lo largo de todo el curso. La Consejería de Educación invierte anualmente en esta medida en torno a los 75 millones de euros, "y sin ningún tipo de cooperación del Estado", según ha recalcado la consejera.
De la Calle ha subrayado que la Junta va a seguir apostando por este servicio e incrementando su dotación a medida que crezcan los presupuestos, ya que se trata de "un puntal dentro de las medidas que definen el carácter social de este Gobierno".
Por parte del Grupo Popular, la diputada María Francisca Carazo ha subrayado que "lo de 'cuanto antes' lo llevan diciendo desde hace un año y medio" y que la situación de los comedores escolares es una "triste fotografía", habida cuenta de que, por ejemplo, más del 30 por ciento de los centros públicos andaluces no cuentan hoy con ese servicio y el 50 por ciento de las familias se encuentra sin plaza.
La tesitura de los centros concertados afectados obedece, según su criterio, a una "nueva chapuza" de la Junta, con un convenio "bajo cuerda que deciden cortar en marzo de 2014 y que intentan arreglar con reuniones y más reuniones". Por ello, ha instado a dar el servicio "sin más excusas" a los 300 alumnos de la zona norte de Granada.
