La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación por la suspensión del servicio de comedor en varios centros concertados de la provincia de Granada, después de que la Junta de Andalucía haya dejado de subvencionarlo.

   La apertura de estas diligencias se produce a raíz del escrito que CCOO presentó el día 9 pidiendo que se investigara este asunto al considerar que puede ser constitutivo de un delito de denegación de auxilio a menores de edad, según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía.

   El conflicto afecta a más de 300 escolares sólo en la zona norte de la capital, donde se localizan cuatro de los seis centros afectados.

   El objeto de esta investigación es esclarecer, según avanza este martes el diario 'Ideal', si la Consejería de Educación ha incurrido en un delito "tipificado en el artículo 412 del Código Penal por la denegación de auxilio a menores en edad escolar al no colaborar en la apertura de los comedores escolares" de estos centros concertados.

   En el escrito que CCOO remitió a la Fiscalía, consultado por Europa Press, se ponía de manifiesto que la Consejería de Educación ha venido otorgando subvenciones a determinados centros de la provincia ubicados en "zonas desfavorecidas para atender las necesidades de comedor" de alumnos cuyas familias "tienen serias dificultades para su alimentación".

   No obstante, desde el curso 2013-2014, la Junta no abona las subvenciones comprometidas a los centros, que en unos casos atienden los comedores directamente y en otros a través de empresas especializadas.

   En unos casos se ha tenido que suspender el servicio de comedor y donde no se ha hecho "la deuda sigue creciendo", según expone el sindicato en el escrito, donde se plasma la relación de los centros afectados, cuatro situados en la capital, otro en Guadix y otro en Motril.

   Para CCOO, esto "no sólo ha producido un quebranto de la economía de los centros y de las empresas" que prestaban el servicio, sino que se ha dejado "sin una alimentación adecuada a un grupo de población infantil desfavorecida, que en muchos casos es la única ingesta diaria que realizan".

   Advierte de que esta situación es "impropia de un Estado social y de Derecho, ya que ello vulnera el derecho fundamental a la alimentación de los menores reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".