La Fiscalía de Granada ha mantenido este miércoles su petición de dos años de prisión, ocho de inhabilitación especial para cargo público y otros ocho de inhabilitación absoluta para el exalcalde de Santa Fe (Granada), el socialista Sergio Bueno, por la adjudicación supuestamente fraudulenta del servicio de grúa por el Consorcio Vega Sierra Elvira cuando él ostentaba su presidencia.
El Ministerio Público, que atribuye a Bueno dos delitos contra la administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales, ha mantenido también su petición para el que fuera secretario en el Consorcio, Prudencio R.M., para el que reclama la misma pena por los mismos delitos.
No obstante, en su informe final en la última sesión del juicio que se ha seguido en la Sección Primera de la Audiencia de Granada el fiscal ha indicado que "no tiene ningún reparo" en reconocer la participación "residual" de este último, aunque ha dejado a criterio del tribunal lo que se estime oportuno a la hora de dictar sentencia.
En lo que respecta al exalcalde, ha considerado que sí "propició y dirigió" todo el proceso de adjudicación aunque diera un "paso atrás", si bien ha lamentado que no haya comparecido en la vista el gerente del Consorcio para que aclarara en qué medida se le orientó para favorecer a una empresa frente a otros.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce una de las empresas aspirantes al servicio y denunciante --Grúas Taboada--, ha mantenido su petición de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para los procesados, que participaron en una "trama urdida" para adjudicar a una empresa que "no existía" la recogida de vehículos abandonados y su depósito.
La defensa de los dos inculpados ha reiterado su solicitud de libre absolución y ha alegado indefensión pues ninguno de los que se han sentado en el banquillo de los acusados cometió como autor los delitos que se le imputan, y que, si acaso, se les podría haber procesado por ser inductores o cooperadores necesarios. Además, en ese sentido se ha preguntado cómo en seis años de instrucción nunca se ha llamado a declarar al gerente del Consorcio, que fue quien tomó las decisiones al respecto, y ha advertido sobre el hecho de que existe una "enemistad" de los denunciantes con Bueno.
En la primera sesión del juicio, que este miércoles ha quedado visto para sentencia, Bueno se declaró inocente de las acusaciones y se desvinculó de las posibles irregularidades en la adjudicación, afirmando que las decisiones correspondían al gerente del Consorcio.
Según la acusación de la Fiscalía, los dos procesados, con la "pretensión de enriquecerse ilícitamente" y "favoreciendo a terceros" a costa de los fondos públicos, iniciaron el 15 de marzo de 2010 un procedimiento de supuesta licitación por el procedimiento de negociado y sin publicidad para llevar a cabo la adjudicación o contratación del servicio de retirada de vehículos abandonados en la vía pública en los términos municipales integrados en el Consorcio.
Sería por un importe total de 60.000 euros por tiempo de dos años, y resultó adjudicataria provisional la mercantil 'Bueno Mar Sociedad Limitada', pero, al no hallarse inscrita registral ni tributariamente, tuvieron que renunciar a tal adjudicación, tras denunciarse tales irregularidades.
Ante la situación de hecho así creada, "y persistiendo ambos acusados en los mismos ilícitos propósitos originarios", el siguiente 3 de agosto promovieron una nueva adjudicación del servicio, ahora con una duración de un año por un importe de 50.000 euros, concurriendo al mismo 'Grúas Anias', 'Grúas Cijuelas', 'Bueno Mar' y 'Grúas Taboada'.
Las ofertas, según el fiscal, se abrieron el 30 de agosto de 2010 y resultó de ello la adjudicación, el 28 de septiembre, a favor de 'Bueno Mar', que por ello recibió entre el 22 de noviembre de 2010 y hasta un año después un total de 49.560 euros en pagos del Consorcio. Todo, "después de oír desdeñosamente" los acusados "los reparos opuestos frente a la manifiestamente ilícita adjudicación así decidida, y la evidente carencia por parte de la entidad beneficiaria de otros requisitos previamente establecidos en el pliego de condiciones", lo que motivó un recurso contencioso-administrativo en el juzgado por parte de los otros concurrentes.
SIN PARTICIPACIÓN
Sin embargo, Bueno dijo que sólo participó en la primera adjudicación, pero sin entrar en la valoración de ofertas ni en la tramitación administrativa que, según ha dicho, correspondía al gerente del Consorcio, porque de lo contrario se habrá "excedido" en sus funciones.
Sí aprobó los pliegos para la adjudicación y procedió a la aprobación provisional del contrato. Sin embargo, la definitiva no llegó a producirse por una serie de reparos del interventor, que advirtió de la posible nulidad de la adjudicación por una serie de errores sobre la prórroga del servicio.
Por eso, se procedió a la segunda adjudicación del servicio, por 50.000 euros por un año, lo que el fiscal le reprocha en su escrito de acusación, teniendo en cuenta que entre el primer y segundo anuncio (15 de marzo de 2010 y 3 de agosto de 2010) el servicio a licitar aumentó casi el doble (de 60.000 en dos años a 50.000 en solo uno).
A sus preguntas por este asunto, Bueno explicó que en realidad la primera cantidad se debió a un error, ya que lo estipulado por este tipo de servicio, que incluía una serie de tramitaciones administrativas relacionadas con la retirada de vehículos y el depósito de los mismos, era de 50.000 euros anuales.
El expresidente del consorcio explicó que no tuvo ninguna participación en esa segunda adjudicación puesto que no se encontraba en buenas condiciones en lo personal, ya que su padre había fallecido por esas fechas. Por eso, delegó sus funciones en el gerente del Consorcio, aunque admitió que sí se recibieron una serie de burofax del denunciante y concurrente, Grúas Taboada, advirtiendo de la posible ilegalidad de la adjudicación.
El otro procesado, el secretario del consorcio, indicó que tanto en la primera como en la segunda adjudicación sólo dio fe del proceso y ofreció su asesoramiento, pero ha negado que tomara alguna decisión al respecto. Según ha aclarado, la segunda adjudicación no se limitaba sólo a la grúa, sino a toda la tramitación administrativa del servicio, y fue una comisión de expertos la que optó por la oferta ganadora.
Al final del juicio se ha vivido un momento de tensión entre los propietarios de Grúas Taboada y algunos de los testigos, en el que han llegado incluso a las manos. Ello ha motivado la intervención de la Guardia Civil, que ha tenido que pedir a los implicados que interpusieran una denuncia si así lo estimaban sin tener que acudir a agresiones.
