La Fiscalía ha solicitado la pena de un año y diez meses de prisión e inhabilitación especial durante diez años para el que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Atarfe por supuestas irregularidades urbanísticas en el proyecto de urbanización de varias parcelas de este municipio.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se refieren a siete parcelas propiedad de dos mercantiles respecto a las que, en abril 2005, se aprobó de forma definitiva el proyecto de urbanización previo informe favorable del acusado.
En el documento, éste expuso que la recepción de las obras de urbanización estarían supeditadas, entre otra documentación, al informe favorable de la empresa suministradora de abastecimiento y saneamiento de aguas, Aguasvira.
Finalmente se aprobó en abril de 2007 el proyecto de reparcelación y se inscribe en el Registro de la Propiedad sin que en ese momento este suelo del sector industrial reuniera las redes de saneamiento y pluviales, circunstancias que según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) deben darse en todo suelo urbano consolidado.
Al no estar estas redes de saneamiento correctamente ejecutadas, las dos empresas propietarias de los terrenos se dirigieron al Ayuntamiento de Atarfe, que les trasladó un informe del arquitecto acusado en el que se dijo que los terrenos están clasificados como suelo urbano consolidado, sin que en ese momento se hubiera subsanado la falta de conexión de la red de saneamiento a los sistemas generales.
A pesar de ello, el entonces alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, --ya fallecido-- concedió licencia municipal, previo informe favorable del arquitecto, a favor de las mercantiles dueñas de los terrenos para la edificación de una nave industrial, en la que se recogía que antes de iniciar las obras se debía formalizar el contrato para el abastecimiento de agua potable, así como solicitar licencia de primera ocupación.
A pesar de los informes de la empresa de aguas respecto a que la zona no contaba con redes de abastecimiento y saneamiento, el acusado no impidió la emisión del acta de recepción provisional de las obras de urbanización contraviniendo lo recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Una vez recepcionada provisionalmente la obra y ante las citadas carencias, las empresas pidieron soluciones al Ayuntamiento, que les trasladó un informe del arquitecto acusado en el que decía que a partir de ese momento cualquier actuación edificatoria en las parcelas podía obtener licencia municipal de obras, así como licencia de primera ocupación y realizar los contratos de suministros "a sabiendas de la ilegalidad" de esta resolución.
Posteriormente se emitió otro informe en el que se expuso, "a sabiendas de la falta de conexión de la red de saneamiento", que las obras de urbanización estaban totalmente terminadas y recepcionadas por el Ayuntamiento, "con todos sus servicios y como solares ya urbanos, aptos para la edificación".
El fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación urbanística por el que solicita para el acusado un año y diez meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años. O, alternativamente, un delito continuado de prevaricación por el que solicita diez años de inhabilitación. El juicio se celebrará del 19 al 22 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
