La presidenta del Partido Popular y alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha anunciado que, acompañada de otros alcaldes de la provincia de Málaga -que representan al 90% de la población de la provincia-, han registrado una carta en la que reclaman a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “igualdad de trato y una serie de medidas por el municipalismo, que servirían de solución temporal e inmediata” a los graves problemas de financiación que sufren las arcas municipales.
“Estos alcaldes, que representan a más del 90% de la población malagueña, están haciendo un trabajo incansable para sacar adelante sus municipios”, ha afirmado y ha subrayado que “Málaga es una de las provincias más pujantes de España y no merece desprecios de Montero ni de Sánchez, ni uno más”.
Entre las reclamaciones que tiene Fernández para el gobierno de España destaca la condonación de la deuda municipal de las entidades locales, tal y como ha comprometido el Gobierno con el Ayuntamiento de Jaén, y que viene generada en su mayor parte “por la insuficiencia de recursos y la asunción de competencias impropias delegadas por otras administraciones y que no han venido acompañadas de mecanismos financieros que permitan su ejecución sin comprometer fondos propios”.
De igual modo, desde el PP plantean que se aumente el margen de utilización de los remanentes de tesorería, rompiendo así con la dinámica actual que posibilita el margen de endeudamiento sólo a escala estatal. Es decir, que el remanente generado por un ayuntamiento sea ejecutado por ese ayuntamiento y no lo pierda en favor de otra administración. En el caso de Ronda, de cumplirse esta petición, se podrían reinvertir en la ciudad más de 7,5 millones de euros “muy necesarios para afrontar grandes proyectos que reclaman los vecinos como la licitación del transporte público para su modernización”.
Otra de las reclamaciones registradas en la misiva, tienen que ver con el incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PÍE) de un cinco por ciento para 2025, en relación al cinco por ciento de aumento de la recaudación por parte del Estado en la provincia el pasado año 2024.
Además, se expone la necesidad de volver a prorrogar los efectos, o hacerlos indefinidos, de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de modo que las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de tesorería no computen en la regla de gasto.
