La concejala de Presidencia, María Dolores Marín Torres, expuso en rueda de prensa las conclusiones del Pleno Extraordinario celebrado el pasado 2 de noviembre. Un Pleno convocado por el Partido Popular con un único punto del Orden del Día relativo a la situación actual y futura de la empresa 'Oleícola Jaén'.

pleno extraordinario
Marín Torres manifestaba que en su opinión, se montó "una auténtica parafernalia", un "espléndido montaje" en este Pleno, al que aistió una gran cantidad de público relacionado con la empresa.
Recordó que son ya más de 11 años los que la ciudadanía de Baeza sufre este problema, que no es sólo estético, sino que condiciona seriamente la vida de la ciudad. "De estos 11 años, desde que Leocadio Marín es alcalde de esta ciudad, se han puesto en marcha los mecanismos precisos para que se pudiera solucionar este problema", subrayaba.
Añadió que la voluntad del actual equipo de Gobierno ha sido siempre, y sigue siendo, la de llegar a un entendimiento y a un acuerdo entre las partes para que se produzca el tan deseado traslado de esta actividad y se lamentaba de que dos horas de Pleno han resultado valdías en este sentido. “Es muy triste pensar que después de dos horas y de las espectativas que se habían creado, no ocurriera nada”.
Segun la edil no cocurrió nada porque nunca hubo voluntad de que ocurriera y porque no se pretendió, en ningún momento, un entendimiento por parte del Partido Popular. Aseguró que la actuación de un Javier Calvente, “fuera de sí”, comenzó y acabó haciendo un extenso repaso por todos y cada uno de los insultos que fue capaz de recordar, “y tan ensimismado estaba en dar el do de pecho ante determinado público, que después de dos horas hubo que preguntarle cuál era la propuesta que el Partido Popular presentaba”. Calificó la actuación de Calvente de “lamentable” y apuntó a que el representante del PP no tuvo argumentos ni propuestas y que se dedicó al más puro insulto.
De entre estas manifestaciones de Calvente, Marín Torres destacaba algunas, sobre las que quiso hacer una reflexión, “porque no dejó a quien insultar; a todos los estamentos, a todas las voluntades, a todos los grupos políticos e incluso a los medios de comunicación, de quienes dijo que están secuestrados”.
“Algo sumamente grave”. Así calificó la concejala una de las afirmaciones de Javier Calvente, no sólo por lo que dijo, sino por quien lo dijo: “la Justicia es algo que se juega a cara o cruz”. Y dirigiéndose al concejal manifestó: “es tan triste que usted diga que la Justicia no tiene valor.., ¿qué confianza pueden tener en usted quienes le hayan oido decir que la Justicia es una cuestión de azar?”.
Señaló que se pidió en el Pleno, por parte del PP, participación, “una palabra que no existe en su vocabulario y que ahora saca a relucir”. Aseguró que la propuesta de crear una comisión “no es ninguna novedad”, y que la participación de Calvente en el Pleno no supuso ningún incentivo, propuesta novedosa, ni un paso adelante para la solución a este problema, “sólo supuso una puesta en escena que no sirvió de nada y de donde Calvente salió muy mal parado”, señaló.
Según Lola Marín, el PSOE quería aceptar la propuesta de participación, pero el PP quiso condicionar la creación de esa comisión con una ilegalidad. Y es que Calvente propuso que el Ayuntamiento desprecintara las actividades que son ilegales. “Usted, - dijo dirigiéndose al popular- intentó condicionar la creación de una comisión en la que todos estabamos de acuerdo para que se cometiera una ilegalidad, y sabe de sobra que los informes jurídicos son contradictorios a esa decisión”, aseguró así que no se puede pedir al Pleno que acceda a esa petición y que contravenga la Ley, y que si la comisión no se ha creado, ha sido porque el PP no ha querido.
Izquierda Unida y Partido Socialista pidieron que se votara separadamente la creación de la comisión para poder comenzar a trabajar, expresó Marín, convencidos de poder llegar a un entendimiento, pero que “Calvente quiso que cayeramos en la trampa”.

judicialización
Sobre la acusación al PSOE de que está judicializando la vida política de Baeza, Marín Torres expresó que es Calvente quien lo hace, y que está empezando a pagar las consecuencias. Aludió en este sentido a las actuaciones de los juzgados en los que se está viendo implicado el presidente de los populares baezanos. Recordó así la estafa de ‘Baeza Innova’, la condena a dos miembros del PP por el robo de votos, la imputación de ex-alcalde por un delito medioambiental o la imputación al mismo, por parte del fiscal, de un delito por presunta malversación de fondos públicos. “En ninguno de estos casos no somos parte ni el Ayuntamiento de Baeza ni el Partido Socialista, esto se lo ha buscado él solo por su mala gestión”, aseveró la edil.
Concluyó diciendo que el presidente popular está deslegitimado ante la opinión pública después de su actuación en el Pleno del día 2 de noviembre, que perdió la compostura, la cordura, e hizo “el más absoluto ridículo”, insultando al Ayuntamiento como institución, al alcalde, propiciando que tanto el portavoz del PSOE como de Izquierda Unida le insultaran a usted, “y nada más lejos de la realidad, se insultó usted solo, porque no tenía ningún tipo de argumentos para salir airoso de ese Pleno”, apostilló.

Postura del alcalde, Leocadio Marín

“Lamentaría que se utilizara el Pleno para ir en contra del Ayuntamiento”

El alcalde de Baeza, Leocadio Marín Rodríguez, quiso dar a conocer la posición oficial del Ayuntamiento antes de comenzar el Pleno Extraordinario.
Marín convocaba dicho Pleno a petición del Partido Popular, para hablar de la situación actual y futura de la empresa Oleícola Jaén S.A. coincidiendo, como señaló, con la notificación cursada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 21de octubre, que da la razón al Ayuntamiento y en la que no se atiende la pretensión de la empresa de suspender las medidas cautelares ordenadas por el Consistorio. Coincide también con unas declaraciones de la propia empresa en las que habla de su firme voluntad de recuperar la vía de la negociación con el Ayuntamiento.
Ante esto, el alcalde manifestó que la interlocución entre ambas partes, empresa y Ayuntamiento, fue rota por la primera, y que quien ha interpuesto un contencioso administrativo ha sido la empresa. "Cuando el Ayuntamiento de Baeza hace una inspección y ordena el cierre de determinadas instalaciones, la empresa tenía dos caminos a elegir: dialogar y presentar las medidas que hubieran podido legalizar determinadas actuaciones de la empresa, pero eligió el camino de los tribunales, por tanto bienvenido el diálogo, pero yo advierto que esta es una historia que ya tiene 11 años de antigüedad", señalaba Marín.
Aseguró que si lo que se pretende en el Pleno es constituir una comisión de todos los grupos para estudiar las posibles soluciones para el traslado de la empresa su respuesta sería afirmativa. "No es un problema de voluntad política, pero no puedo evitar tener la sensación de que estamos asistiendo a una puesta en escena a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".Leocadio Marín se preguntaba, a este respecto, qué hubiese pasado si esta sentencia hubiese sido favorable a la posición de la empresa: "probablemente no se hubiera pedido un Pleno Extraordinario, sino mi dimisión", y añadió: "todo esto me suena a estrategia de perdedores".
"Puedo presumir de que soy el único alcalde que no ha hecho incurrir al empresario en un gasto innecesario, porque antes de decirle dónde podía comprar, me preocupé de que las administraciones competentes fijaran la parte del territorio de Baeza donde se podía instalar sin ningún problema, por tanto, soy el único no responsable de que haya tenido que adquirir terrenos", manifestaba Marín, y añadía que no es previsible por parte de un alcalde cuál es el trazado de una autovía, y que los terrenos adquiridos por el empresario en el Puente del Obispo fueron declarados en 2004 Bien de Interés Cultural de Andalucía (BIC), asegurando que hizo gestiones para ver si era compatible el BIC con la presencia de la industria, y no lo consiguió.
Aludió a la compra-venta de unos terrenos que estaban incluidos en el Plan de Actuación, firmado por el empresario y sus ingenieros, para el traslado de la orujera, que se pusieron a información pública y que una ciudadana alegó que eran suyos. "Yo le doy tres meses para que perfeccione el Plan, no lo hace, y exijo el cumplimiento de la ley", aseveró el alcalde, que quiso resaltar la tolerancia que el Ayuntamiento ha tenido con la industria, apuntando a que es un bien colectivo por el trabajo que genera, pero que al final, todos tenemos que someternos al imperio de la Ley.
Reiteró que si se pone sobre la mesa una solución se valorará. "Creo que lo razonable sería constituir esa comisión. Si lo que se va a plantear es que retiran el contencioso administrativo a cambio de que yo retire las medidas que se tomaron, tengo que decir que los informes jurídicos son contrarios, y sería muy improcedente que el Pleno ordenara al alcalde tomar una decisión en contra de la Ley". Aseguró en este sentido que la concesión de licencias municipales no es discrecional por parte del alcalde ni por parte del Pleno, sino que está reglada, y si cumple la Ley, el alcalde no lo puede negar, ni la Junta de Gobierno ni el Pleno, y si no cumple la Ley, ni el Pleno, ni la Junta de Gobierno ni el alcalde lo pueden ordenar.
Para finalizar, apuntó a que este Pleno puede interferir gravemente en el momento en el que los abogados de ambas partes están elevando a definitivas sus conclusiones. "Me temo que la grabación del Pleno va a parar las conclusiones del abogado de la parte de la empresa. Lamentaría profundamente que se hubiera utilizado el Pleno del Ayuntamiento para cargar las armas en contra del propio Ayuntamiento", apostilló.