El anterior equipo de Gobierno de PP y RRUU puede verse envuelto en un nuevo escándalo en virtud de las informaciones que ha divulgado hoy el portavoz del actual equipo de Gobierno, Daniel Manrique de Lara. Según estas informaciones, en el año 2007 el Consistorio "regaló" a dos familias que antes residían en el bloque de la calle Zorrilla de titularidad municipal la entrada para dos viviendas en una promoción de VPO de Felipe Castellano por un total de unos 48.000 euros, además de abonarles sendos cheques por valor de 3.000 euros para gastos varios.
Así lo ha desvelado hoy Daniel Manrique, que ha explicado que se tuvo conocimiento de esto a través de los testimonios de algunas personas que acudieron a la delegación de Servicios Sociales. Estas personas se referían a ciertos "negocios" de índole patrimonial de los que el nuevo equipo de Gobierno no tenía constancia, y que comenzó a investigar cuando los indicios de este tipo de negocios comenzaron a darse con más insistencia en el último mes.
El portavoz municipal ha recordado que el edificio de la calle Zorrilla al que se refiere fue construido a finales de los años 50 con la intención de dar respaldo a personas en situación de exclusión social, finalidad que sigue teniendo actualmente, manteniendo su carácter social. Vecinos del mismo fueron los que señalaron los "negocios" a los que se remite el portavoz, y estos testimonios se han corroborado durante el último mes por más personas. Se inicia por tanto una investigación en la que se acude primero a los archivos de la delegación de Patrimonio para conocer los antecedentes de este caso. Patrimonio confirma que el inmueble en cuestión está inscrito en el resgistro de bienes del Ayuntamiento, pero que sin embargo no consta la existencia de ningún negocio realizado con los mismos. Los técnicos remiten entonces a SURSA, que al parecer sí había realizado operaciones patrimoniales, por si existieran documentos que acreditasen los negocios a los que se referían los vecinos.
Al acudir a SURSA, actualmente casi extinta, se descubre que no existe documentación de ningún tipo, ni actas de sesiones, ni facturas, ni contabilidad previas al año 2007. "Tan solo aparece una caja de documentos inconexos e incompletos", explica Manrique. Nadie sabe donde está el resto de documentación faltante, "si se ha destruído o ha desaparecido. Lo cierto es que tras varias semanas aún no hemos podido saber donde esta la documentación que falta de esta empresa municipal, algo que no podemos entender", ha explicado Daniel Manrique.
Aún así, en ese archivo que sí ha aparecido se encuentran dos convenios urbanísticos que dan respuesta a los negocios a los que se refieren los vecinos del bloque de la calle Zorrilla. A través de los mismos, el Consistorio a través de SURSA y con dinero público "les regalaba a dos familias residentes en dicho bloque la entrada de pisos para que fueran de su propiedad privada". Un descubrimiento que deja perplejo al nuevo equipo de Gobierno, ya que a las personas que se les regaló esta entrada para un nuevo piso "no podrían acreditar en virtud de qué título estaban residiendo en ese bloque de la calle Zorrilla". En los convenios se cita explícitamente que "ocupan" la vivienda de la calle Virgen de las Nieves, y que "no se puede acreditar documentalmente título alguno que acreditase dicha posesión". En el convenio se fija que a cambio de que esas personas abandonasen el edificio de calle Zorrilla, "el Ayuntamiento pagaba 23.342,42 euros para "la adquisición de la entrada de la vivienda tipo 2P-D9, mas garaje mas trastero", de una promoción de VPO de Construcciones Castellano SA. El segundo convenio es de las mismas características, pero por la cantidad de 25.396,67 euros para la misma promoción de viviendas, además del cheque en efectivo de 3.000 euros.
"Son convenios que ponen de manifiesto una vez más la absoluta arbitrariedad con la que el anterior equipo de Gobierno de PP y RRUU hizo uso del dinero público, que ha de estar destinado a satisfacer los intereses generales y se ha destinado al disfrute de estas dos familias, se han comprado viviendas a particulares con dinero público", ha dicho Manrique. "Sabemos que hay estos dos casos, pero no descartamos que haya más según nuestras informaciones, aunque no lo podemos demostrar por la desaparición de documentos", ha dicho Manrique. Los convenios tienen además fecha de marzo de 2007, es decir, "en preludio de la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2007".
"Ha sido un dinero que por decisión unilateral del señor alcalde Lorenzo Sánchez Alonso se dispuso sin contar con nadie y sin pasar por ningún procedimiento legal", ha señalado el portavoz municipal, que además ha señalado "que no existen informes técnicos de ningún tipo que respalden estos convenios".
El Consistorio ahora pide a Lorenzo Sánchez, alcalde en esa época y presidente de SURSA, firmante de los convenios, y a los partidos que en ese momento conformaban el equipo de Gobierno "que aclaren por qué se hizo esto así, y que devuelvan el dinero público", para lo cual se les pone fecha tope del 15 septiembre de 2016. "Son hechos gravísimos que implican dinero público, que benefician a unas familias en perjuicio de otras, y no vamos a permitir que esta situación se consolide, así que si no devuelven el dinero, no tendremos más remedio que emprender las acciones pertinentes ante los tribunales o la Fiscalía para depurar responsabilidades. Les damos la oportunidad de arreglar las cosas, y ahora no les pueden echar la culpa a los técnicos. No vamos a permitir que por intereses electoralistas o por chulería del anterior alcalde este dinero quede desviado del erario público".
Además, se investigará si las viviendas de VPO compradas con dichas entradas fueron adjudicadas de forma legal o si en caso contrario también fueron entregadas sin pasar por proceso público previo.
