La acumulación de ciclomotores, motocicletas y automóviles retirados de las calles de la Isla por la grúa municipal, por sus condiciones de abandono e inservibles, y que se amontonan en el depósito de vehículos municipal, como si de un vertedero se tratara, ha convertido a la Jefatura de la Policía Local en un cementerio de vehículos, ante el desinterés del equipo de gobierno para continuar con su descontaminación y destrucción en un Centro Autorizado de Tratamiento, haciendo caso omiso a la normativa de protección medioambiental vigente y poniendo en serio peligro de riesgo para la salud, no solo a los funcionarios de la Policía Local, Protección Civil, trabajadores de empresas privadas y resto de empleados municipales que trabajan en las instalaciones y dependencias policiales, sino que también supone un riesgo para la ciudadanía.
La denuncia es del Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLIA) asegura que al mismo riesgo están expuestos los vecinos del entorno, los profesionales sociosanitarios y las personas ingresadas o que utilizan la Residencia de Mayores y Centro de Día de la Cruz Roja, así como el personal y alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Sancti Petri.
"Los vehículos abandonados en desuso no solo contaminan el suelo mediante derrame de fluidos contaminantes, sino que también la degradación de muchas de sus partes desprende contaminación en el entorno, causando un daño ambiental considerable y sumamente nocivo para la calidad de vida, ya que en su interior o debajo de los vehículos, se acumulan aguas sucias, basuras y residuos, que son potenciales criaderos de mosquitos, incluso sirviendo de nido de ratas y otros bichos".
El SPLI asegura que el actual Gobierno municipal no contempla en este mandato para la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, en el ámbito de sus competencias, lo regulado en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía, que considera a los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos y faculta a las Corporaciones Locales para una acción más eficaz en defensa del medio ambiente, como instrumento administrativo de prevención, corrección y control.
"Tampoco está en el ánimo" de la alcaldesa, Patricia Cavada, como superior autoridad de la Jefatura del Cuerpo y su concejal de Policía Local, garantizar un mínimo de seguridad de sus empleados municipales en materia de prevención y salud laboral, y su falta de respuesta en solucionar este problema de contaminación medioambiental, ubicado en el depósito de vehículos municipal, deja a la plantilla de la Policía Local de San Fernando en una situación de riesgo para la salud, de inseguridad y de abandono total.
