La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará a partir de este jueves a un hombre que está acusado de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en San Fernando con 20 gramos de cocaína dispuestos para su venta.

También se le acusa de un delito de atentado con falta de lesiones, ya que trató de agredir a agentes policiales para eludir su detención en el momento en el que ésta se produjo. El Ministerio Fiscal solicita para el reseñado siete años de prisión por ambos delitos.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, los hechos tuvieron lugar de madrugada durante el mes de junio del pasado año 2009, cuando el acusado conducía de manera irregular un ciclomotor en el polígono industrial de Fadricas, motivo éste por el que agentes del Cuerpo Nacional de Policía le dieron el alto, iniciándose una persecución por toda la zona en el curso de la cual el reseñado se deshizo de una riñonera.

Los policías actuantes consiguieron cortar el paso al acusado, aminorando éste la marcha del ciclomotor. En ese momento, uno de los agentes se apeó del vehículo oficial, momento en el que el acusado, a bordo de su ciclomotor, embistió contra el agente de la Policía golpeándole con la puerta del vehículo contra la pierna derecha, sin que conste lesión alguna, ocasionando daños en el vehículo tasados pericialmente en 540,37 euros.

Los agentes intervinientes requirieron la presencia de compañeros del citado Cuerpo a fin de interceptar al acusado, siendo finalmente detenido. La riñonera arrojada por el acusado a la vía pública fue recuperada y resultó contener algo más de 20 gramos de cocaína dispuestos para su venta, así como 400 euros fraccionados. El valor de la droga incautada se ha establecido en 1.204,86 euros.

Fundamentos

Entiende el Ministerio Público que los hechos relatados son constitutivos de un delito de atentado con una falta de lesiones, por lo que pide una pena de tres años de cárcel y 50 días de multa con una cuota diaria de 10 euros para el acusado.

Asimismo, le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, por lo que pide además otros cuatro años de cárcel y una multa de 3.614,58 euros.