El Ayuntamiento de Sanlúcar va a acogerse a los Fondos de Impulso Económico que promueve el Ministerio de Hacienda para que los consistorios que cumplen con determinados requisitos puedan hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes. En el caso de Sanlúcar, los juzgados han ordenado en los últimos meses pagos por importe de casi 2,2 millones de euros. Serán las últimas de las más 117 sentencias judiciales que obligan a pagar al Ayuntamiento por gestiones de los años de gobierno del PP, algunas de ellas por trabajos de “dudoso cumplimiento”.

La delegada municipal de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz, ha explicado que el Ayuntamiento sanluqueño se puede acoger a este Fondo gracias a que cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, a que su período medio de pago a proveedores no supera en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante los dos últimos meses previos a la solicitud y a que el Ayuntamiento está al corriente con sus obligaciones de remisión de información económica-financiera, es decir, de transparencia económica.

Los ayuntamientos que se acojan a la medida regulada por el Ministerio están obligados a aumentar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria del 0,5% al 1%. El plazo de pago, al 1,5% de interés, será de 10 años con dos de carencia.

Muñoz ha informado que con este Fondo se pagarán ocho sentencias “y se da por finalizado el pago de las últimas sentencias de los desmanes del Partido Popular”.  Entre ellas se encuentran dos de Ferrovial Agroman por el préstamo que pidió el Partido Popular para acometer obras en la residencia de ancianos que no se pagó y que tampoco se le pagó a la empresa, junto a dos de la empresa Verinsur, de medio millón de euros, “de las que dudamos de su veracidad, ya que las facturas se presentaron unos días antes de las elecciones con unas cantidades desorbitadas”. La más reciente es el pago de 45 .000  euros por unos viajes a Almonte que el PP organizó y de los que no se tiene constancia.

“Después de ocho años de su paso por el Gobierno de esta ciudad, los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de la gestión. Cuando llegamos había más de 117. No sólo hemos pagado todas, sino que este gobierno no ha generado ninguna sentencia por falta de pago”, apostilló.