La familia de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, adquirió hace varios meses la vivienda de la calle León XIII de la ciudad hispalense donde fue perpetrado el crimen, un piso de la planta baja de un bloque otrora titularidad del inculpado y después de una sociedad inmobiliaria por el impago de la hipoteca, ofreciendo el mismo a Carcaño para el momento en el que acabe de cumplir su condena a cambio de que revelase dónde fue ocultado el cadáver de la víctima, según ha avanzado en exclusiva el diario ABC y ha confirmado la familia.
La mencionada oferta habría tenido el pasado 31 de agosto como fecha límite para aceptarla, sin obtener finalmente respuesta por parte de Miguel Carcaño según ABC, toda vez que la familia defiende su empeño por hacer "lo imposible por encontrar a Marta", cuyo cadáver nunca ha sido localizado pese a las diversas localizaciones investigadas, y su idea de continuar trabajando para ello.
Al respecto, recordemos que el pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ordenaba el sobreseimiento de las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, a cuenta de las acusaciones en la que este le acusaba de ser el verdadero autor del crimen, toda vez que dichas diligencias fueron inicialmente archivadas en 2013, fueron reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima y la Fiscalía había pedido su nuevo sobreseimiento.
Mientras la familia aportaba documentación según la cual para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda de la calle León XIII fueron "falsificados" documentos como "nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta", conectando con la versión de Miguel Carcaño en la que aseguraba que fue su hermano quien mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca; el juez instructor avisaba de que "la trascendencia penal de estos hechos, en lo relativo a la presentación de una documentación falsa para obtener un préstamo hipotecario, es evidente, aunque también lo es que estos hechos estarían prescritos".
"LA HIPOTÉTICA PELEA"
"Por más que los datos aportados permitan comprender el modo de vida de los dos hermanos previo a los hechos, no alcanzan a establecer dato relevante para este procedimiento", insistía el juez, invocando el auto de 26 de mayo de 2013, que ya abordaba "la hipotética pelea entre ambos hermanos en el momento de producirse los hechos y se señalaba que Francisco Javier Delgado no negó, en términos genéricos, que pudo haber tenido alguna discusión por motivos económicos con su hermano", toda vez que "cuestión distinta es que precisamente fuera aquel día, y no otro, y que esas diferencias fueran el detonante de la brutal reacción" que le atribuía Carcaño.
Así, el magistrado concluía que "las indagaciones practicadas no han aportado elemento alguno que lleve a comprobar el lugar de ubicación del cuerpo de la víctima, ni a establecer la posible participación de terceros en los hechos investigados, sin que la mera declaración del penado Miguel Carcaño, cuya credibilidad está totalmente destruida por los diversos cambios que ha venido dando en sus versiones, en las que ha hecho gala del mayor desprecio hacia el sufrimiento de la familia y hacia la verdad, pueda mantener por sí mismas las actuaciones".
LOS TELÉFONOS MÓVILES
Además, recordemos que el Juzgado de Instrucción número cuatro, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, ordenó el pasado mes de abril nuevas actuaciones en torno al teléfono móvil de Carcaño y sobre los datos crudos de dicho teléfono y de los terminales telefónicos de la víctima, del Cuco y de otras personas otrora incluidas en la investigación, al objeto de elaborar un informe pericial.
Y el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla, de su lado, tiene fijados para los próximos días 26, 27 y 31 de mayo y 2, 7 y 9 de junio de 2022, el juicio promovido contra el joven Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, y contra la madre de este, por un presunto delito de falso testimonio derivado de sus respectivas comparecencias en el juicio celebrado en 2011 por el citado crimen, aspecto por el cual la Fiscalía reclama para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras la familia de la víctima pide dos años de prisión y multas de 1.800 euros.
