El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado que su institución prevé aprobar en aproximadamente "un mes", en el seno de su junta de gobierno, un "plan estratégico" que defina la futura "puesta en carga" de los terrenos con los que cuenta la entidad en el entorno de Cortijo de Cuarto, unos suelos que ya en 2019 ofrecía al Ayuntamiento hispalense y para los cuales ya ha comenzado la tramitación de la correspondiente evaluación ambiental estratégica.
En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha hablado una vez más del destino de los terrenos de Cortijo de Cuarto. Se trata de más de 130 hectáreas pertenecientes a la Diputación y divididas entre un sector principal en el sur del término municipal de Sevilla y otro de menores dimensiones en el de Dos Hermanas, toda vez que allá por 2012, la institución provincial optaba por detener el desarrollo urbanístico de tales terrenos.
Y es que con la anterior crisis haciendo estragos, las administraciones sometidas a criterios de austeridad y el mercado inmobiliario en plena debacle, el Gobierno provincial socialista consideraba entonces que no era "el momento para llevar a cabo 5.551 viviendas" cuya construcción admitiría la calificación de los terrenos de Cortijo de Cuarto, defendiendo que "lo más razonable" era esperar a contar con "todas las garantías y la máxima previsión de beneficio económico y social".
EL CONVENIO CON EPSA
Dicha decisión estuvo acompañada de la rescisión por mutuo acuerdo del protocolo firmado en 2005 entre la Diputación y la entonces Consejería de Obras Públicas y del posterior convenio urbanístico de ejecución suscrito en 2006 con la entonces Empresa Pública de Vivienda de Andalucía (EPSA, actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), con relación a tales terrenos.
La rescisión de tales acuerdos, por cierto, supuso para la Diputación la devolución a EPSA de más de once millones de euros a cuenta de las partidas anticipadas por este organismo para el desarrollo urbanístico de los suelos en cuestión, donde aproximadamente la mitad de las viviendas permitidas contarían con algún grado de protección.
Ya en 2019, la Diputación ofrecía al Ayuntamiento de Sevilla la adquisición de tales suelos, dadas "las líneas del urbanismo en la capital con las nuevas alternativas comerciales de esa zona", en alusión al macro centro comercial Lagoh o los desarrollos urbanísticos previstos por la promotora Metrovacesa en el área sur del sector Palmas Altas con 2.870 nuevas viviendas y suelo para otros usos, entre otros aspectos.
DE LA MANO DEL AYUNTAMIENTO
En ese sentido, Fernando Rodríguez Villalobos ha explicado que actualmente, la Diputación sigue trabajando para resolver el destino de estos suelos "en consonancia y permanente diálogo con el Ayuntamiento Sevilla", detallando que la sociedad provincial Sevilla Activa tiene encomendada la redacción de un nuevo y actualizado plan parcial de los mismos.
Además, según ha especificado, la Diputación ha emprendido ya la tramitación de la necesaria evaluación ambiental estratégica respecto a los usos y pormenores del destino de tales suelos, un procedimiento que corresponderá resolver a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Y especialmente, ha destacado que la Diputación está "elaborando un plan estratégico sobre los pasos a seguir" para el futuro de los suelos, un documento que espera elevar a la junta de gobierno de la institución en un plazo aproximado de "un mes".
LA LEY LISTA Y LA "NUEVA PERCEPCIÓN" DE LA ZONA
Porque como ha detallado el presidente de la Diputación, el escenario que afronta la entidad para resolver el destino de tales terrenos "ha cambiado" con la entrada en vigor de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que sustituye a la anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la nueva "percepción de la ciudad sobre esos terrenos".
Al punto, ha señalado la todavía reciente incorporación del macro centro comercial Lagoh y el proyecto de la nueva ciudad de la justicia en el complejo tecnológico de Palmas Altas, actual sede de la multinacional Abengoa, y sus terrenos anexos. "Con todo eso y tras la entrada en vigor de la Lista, estamos repensando y plasmando en ese plan estratégico acerca de esos terrenos y su puesta en carga", indica Rodríguez Villalobos, precisando que el futuro documento contará con "un componente económico y otro de tramitación en general".
Y una vez más, ha recordado que el objetivo de la operación no es otro que lograr que la Diputación extraiga un "beneficio" económico de tales suelos, "para revertir esos beneficios económicos en los 105 municipios de la provincia".
