CSIF ha celebrado este jueves una nueva concentración ante la sede del Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, para continuar exigiendo a las administraciones su intervención frente a la empresa Mersant Vigilancia a cuenta de la deuda de la misma con su plantilla.
"Queremos conseguir que Mersant abone la importante deuda que mantiene con sus profesionales, en concepto de salarios (cuatro y cinco nominas), que prestan vigilancia y seguridad en distintas entidades privadas y dependencias de administraciones públicas", subraya el responsable de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, Felipe Caro.
La situación supone un incumplimiento grave y doloso del convenio colectivo de Seguridad Privada, tal como viene reclamando CSIF. El sindicato expone asimismo que en toda España hay afectados unos 750 empleados y empleadas; de ellos, 300 se encuentran en Sevilla, donde el Ayuntamiento hispalense ha iniciado la rescisión de contratos con esta empresa a la búsqueda de nuevos adjudicatarios que subroguen a los trabajadores.
El critero económico
CSIF exige asimismo un cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudique a la baja, ni prime el capítulo económico. "Al premiar a la oferta más barata, no entran empresas solventes, por lo que se generan impagos de forma inevitable; la prioridad debería ser la solvencia de la empresa, así como el estudio y la técnica".
Con la concentración, CSIF reclama nuevamente a las administraciones que "no miren para otro lado" mientras Mersant sigue incumpliendo el convenio y los derechos laborales de la plantilla, toda vez que el Ayuntamiento ha iniciado la rescisión de los contratos y ha penalizado a la empresa.
Así, CSIF exige que se cumpla dicho convenio o que las administraciones "anulen de inmediato todas las adjudicaciones con las que cuenta Mersant".
Los afectados
Según CSIF, los trabajadores sufren una situación "extrema e insostenible" no sólo por el impago de sus salarios, sino también por "el retraso en las resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa".
En Sevilla, estos profesionales desarrollan su labor en el Museo de Bellas Artes, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), juzgados, parque de Arte Sacro, Fábrica de Artillería y dependencias de la Gerencia de Urbanismo, junto a diferentes colegios públicos, centros de servicios sociales y centros cívicos.
