(Publicado en la edición papel de Viva Sevilla el 21 de diciembre de 2012)
La Administración Pública, y fundamentalmente los responsables públicos que se encuentran al frente de las mismas, deben guiarse por un diligente y escrupuloso respeto por el sentir de sus administrados.
Como colofón de ello, y siempre como punto de partida, debe procurarse la máxima información de los ciudadanos en aquellos asuntos públicos en los que estén interesados. Partiendo de esta premisa, facilitar los cauces de participación ciudadana en asuntos tan sensibles como el urbanismo es vital.
Efectivamente, esta cuestión entronca con el derecho del ciudadano a decidir sobre el propio espacio urbano en el que se desenvuelve. Su “derecho a la ciudad”.
El espacio urbano tiene multitud de dimensiones. Más allá de la visión de la ciudad como un espacio aséptico, en la cual los urbanistas realizan un cálculo matemático de estándares y cesiones, y más allá de la visión que tienen de la ciudad los gobernantes, que la conciben como si de un tablero de ajedrez se tratara, se encuentra la dimensión más humana del espacio, que es la concepción del vecino sobre su calle, su barrio o su ciudad.
Es este otro ámbito espacial, subjetivo, modelado por circunstancias socio-culturales, el que debe servir de contrapeso a la dimensión simplista inicial.Históricamente el espacio urbano se ha concebido como el sitio o centro de todo asentamiento, lugar de encuentro colectivo de los habitantes del lugar. Es un espacio “vivido”, como nos dice J. V. Boira, a través del prisma de la experiencia personal de la gente, coloreada por sus esperanzas y miedos y distorsionada por prejuicios y predilecciones. De hecho, no puede desligarse de la memoria individual y colectiva de quienes lo habitan.
La consecuencia lógica de ello es que el ingeniero, el arquitecto o el gobernante no enfocan su actuación en la dimensión espacial que utiliza el ciudadano en su vida cotidiana, y por tanto, partiendo del reconocimiento indispensable de la dimensión plural expuesta, la participación ciudadana se hace ineludible para un entendimiento correcto de la ciudad. El técnico y el gobernante deberán acudir a los vecinos para que le sean reveladas esas otras dimensiones del espacio, que no alcanzarían a comprender por otros medios.
Por ello, el facilitar la participación ciudadana no puede limitarse a una mera formalidad, sino que debe procurarse de forma ineludible por cauces seguros, buscando firmemente alcanzar su finalidad. Debe acudirse a la comunicación directa con los afectados en primer orden, por razones de proximidad o vinculaciones de cualquier tipo, para el pleno amparo de los derechos e intereses comprometidos.
Esto es lo que, inicial pero no únicamente, falla en el Tanque de Tormentas que Emasesa pretende llevar a cabo en el Residencial Las Góndolas. Se comunica de forma directa a otras administraciones, a empresas públicas y privadas, en protección de sus cables y tuberías, pero comete la descarada e interesada omisión de no tener en cuenta a más de tres mil vecinos y cien comercios, que tienen en la zona intereses, cuando menos tan dignos de protección como una red de fibra óptica. Efectivamente, tienen en la zona sus viviendas, sus lugares de esparcimiento, donde juegan sus hijos, pasean sus mayores, los árboles que vienen plantando, abonando y podando desde hace más de una década y, en definitiva, donde se desarrollan social y humanamente, como ciudadanos y administrados de unos gobernantes que, simplemente, les dan la espalda y fuerzan la legalidad hasta límites insospechados, si no directamente la vulneran.
Todo esto, sin que a la fecha el señor delegado de Urbanismo, don Maximiliano Vílchez, haya tenido la dignidad de convocar a los vecinos, para evidenciar un mínimo cumplimiento de esa participación ciudadana que tanto llena la boca de los políticos en épocas preelectorales.
