Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla llevará al próximo pleno municipal una moción ordinaria para que la corporación Local reclame al Gobierno central la no incorporación del uso obligatorio del casco para los desplazamientos urbanos en bicicleta, tal y como se contempla en el borrador del nuevo Reglamento de Tráfico, según ha anunciado el portavoz municipal de la federación de izquierdas, Antonio Rodrigo Torrijos, durante una rueda de prensa que ha ofrecido, junto con el presidente de la asociación ciclista A Contramano, Ricardo Marqués.
Según ha indicado Torrijos, con esta iniciativa IU busca que el consistorio hispalense se sume al "rechazo generalizado" que asegura en el mundo de la bicicleta se ha desencadenado en torno a un proyecto normativo que, de terminar implantándose, "supondrá el colapso del servicio público Sevici, así como un freno previsible a las actividades económicas ligadas a este medio de transporte".
En una nota, Torrijos ha subrayado, además, la "inexistencia de evidencias científicas" que demuestren que de la obligatoriedad del casco en las vías urbanas se deriven "claras ventajas" para la seguridad del tráfico, algo que afirma no se ha producido en los escasos países donde ésta se ha instaurado. Por el contrario, ha alertado de que esta medida constituye una "seria amenaza, no sólo para los 50.000 abonados de larga duración con que cuenta Sevici en estos momentos, sino para la propia imagen de la ciudad, que perdería uno de sus atractivos turísticos mejor valorados por sus visitantes".
En esta línea, el concejal de Izquierda Unida ha recordado cómo las únicas tres muertes de ciclistas registradas en la capital hispalense durante los últimos años fueron resultado de atropellos por vehículos a motor ante los cuales "nada hubiera evitado el casco ciclista, al tratarse de una prenda deportiva ligera, diseñada para paliar las consecuencias de caídas y otros accidentes menores".
"Lo que sí está comprobado, en cambio, es el beneficio que en términos de salud pública implica la utilización de la bicicleta", ha apostillado Torrijos, después de apuntar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que pedalear 30 minutos al día es una de las prácticas más eficaces en la lucha contra las enfermedades coronarias y la obesidad.
PIDE EL PRONUNCIAMIENTO DE ZOIDO
Paralelamente, Izquierda Unida pedirá también en el Pleno un pronunciamiento, "nítido y firme", del alcalde, Juan Ignacio Zoido, en contra de la obligatoriedad del uso del casco para ciclistas en los entornos urbanos. "Y que lo haga, además, en su condición de vicepresidente de la Red Española de Ciudades por la Bicicleta, organismo que integran más de 100 municipios en el país y que ha solicitado expresamente la no alteración de la normativa actual del casco en ningún sentido", añade.
Por su parte, Ricardo Marqués ha agradecido a la federación de izquierdas que "se haya prestado a darnos voz en el Pleno" con una moción con la que "perseguimos no volver a tiempos pretéritos". Y es que, según el presidente de A Contramano, hay "miles de razones" para mostrarse en contra de una exigencia legal que, de imponerse finalmente, conllevará "un descenso del uso de la bici, una mayor contaminación del medio ambiente y un empeoramiento de la salud pública".
A estos argumentos, Marqués ha sumado sus dudas sobre la constitucionalidad de la referida reforma legal, ya que, en su opinión, con ella la DGT ha procurado "ir mucho más allá de sus propias competencias, al intentar modificar mediante este nuevo reglamento una norma de rango superior como es la Ley de Tráfico actualmente en vigor".
Además, ha aseverado que el establecimiento del casco ciclista obligatorio en zonas urbanas sería una "medida excepcional" en el entorno europeo "difícil de entender" por los visitantes provenientes de países donde el uso de la bici está "mucho más extendido y resulta bastante más seguro, sin que se hayan adoptado acciones de este calibre".
Por todo ello, tanto Izquierda Unica como A Contramano esperan que en el próximo Pleno "impere el sentido común" y que todos los grupos políticos apoyen esta "sensata y necesaria" iniciativa, siguiendo así el ejemplo de otros ayuntamientos españoles como el de Murcia o Zaragoza, que ya se han manifestado "unánimemente en contra de la barbaridad" pretendida por el Ministerio del Interior a este respecto.
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