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Jueves 14/11/2024
 
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Sevilla

La junta de accionistas de Mercasevilla debate el 20 de junio la ampliación de capital

Hace pocos días, el consejo de administración de Mercasevilla daba cuenta de un "informe justificativo" de la operación de ampliación de capital

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  • MERCASEVILLA -

La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha convocado para el 20 de junio una reunión de su junta general de accionistas, para ratificar la operación de ampliación de capital recientemente aprobada por el consejo de administración. El destino de esta operación, que se eleva a seis millones de euros, no es otro que reunir fondos para sufragar los casi cien despidos del futuro expediente de regulación de empleo (ERE) que acompañará a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado.

   Hace pocos días, el consejo de administración de Mercasevilla daba cuenta de un "informe justificativo" de la operación de ampliación de capital. Este informe, recogido por Europa Press, expone que "es previsible que en el tercer trimestre del año, el patrimonio de la sociedad se sitúe por debajo de la mitad del capital social y la sociedad no disponga de la liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones de pago". Mercasevilla, según figura textualmente en este documento, "se encuentra abocada a entrar en causa de disolución".

EL INFORME DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

   Dado el caso, este informe "justificativo" detalla esta operación de aumento del capital social con una primera emisión de 373.065 nuevas acciones al valor nominal de un euros cada una de ellas. La operación, además, comprende una "prima de emisión" de 5.625.820,20 euros a un precio de 15,08 euros por acción emitida. Tal extremo, por cierto, ha implicado una modificación de los estatutos sociales de Mercasevilla.

   La operación de ampliación de capital, así, prosperó en el seno del consejo de administración con el voto favorable de los consejeros del Gobierno municipal y de la sociedad estatal Mercasa, toda vez que los consejeros del PSOE y de IU-CA votaron en contra. Así, Mercasevilla tiene convocada una nueva sesión de su junta general de accionistas para el 20 de junio, a fin de ratificar los acuerdos del consejo de administración.

LA LIBERALIZACIÓN DE LA LONJA

   Esta nueva ampliación de capital, que sucede a la emprendida en 2010, se encuadra en la liberalización promovida por el Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de Mercasevilla, sobre los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado. La citada liberalización acarreará un expediente de regulación de empleo con aproximadamente cien despidos y, en consecuencia, Mercasevilla requiere unos cuatro millones de euros para sufragar las indemnizaciones y el plan de asesoramiento laboral asociados a dicho ERE.

   La operación, de cualquier modo, surge después de que Mercasevilla cerrase el año 2012 con pérdidas de 552.727 euros. Las cuentas de 2012, por cierto, recogen las losas financieras que pesan sobre Mercasevilla a cuenta de la financiación del ERE de 2007, cuantificada en 9.046.976,95 euros que una sentencia atribuye al mercado central, y la impugnación de los derechos de superficie obtenidos por 'Sando' con un "saldo a pagar" de 6.181.396 euros. La auditoría de las cuentas de 2012, de hecho, señala "pérdidas de importe significativo en los últimos ejercicios" y "una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones".

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS

   Respecto a la liberalización de los servicios de la lonja, cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado ya de forma inicial la modificación de reglamentos necesaria para encajar dicha medida, a la que se opone frontalmente la plantilla, claro está.

   Mientras en las instituciones europeas reside actualmente un expediente por un posible caso de monopolio en los servicios que Mercasevilla presta a través de su plantilla en la lonja de pescado, con su correspondiente gravamen, el Gobierno municipal del PP ha emprendido la liberalización de estos servicios bajo la premisa de que así lo exigen las regulaciones comunitarias. El comité de empresa, de su lado, niega que existan resoluciones definitivas o en firme sobre este conflicto y considera que todo deriva del compromiso político del PP con el gremio de mayoristas de pescado.

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