El portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha censurado este jueves que el concejal popular Gregorio Serrano, presidente de la sociedad mixta Mercasevilla, "sacase pecho" el pasado mes de febrero, con la reconducción de la deriva de esta empresa participada mayoritariamente por el Consistorio, y ahora alegue previsiones de cerrar 2013 con pérdidas de 1,46 millones de euros e incluso riesgos de desaparición en el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). A su juicio, el mencionado ERE se sustenta en "mentiras" ideadas sólo para "justificar la decisión política de privatizar Mercasevilla".
Aludiendo a las causas y cifras que contienen las cartas colectivas notificadas ya por Mercasevilla para despedir a 129 de sus trabajadores y externalizar los puestos de trabajo de otros 39, Espadas ha señalado la diferencia de escenarios que el Ayuntamiento hispalense, como socio mayoritario de la empresa, ha planteado en los últimos meses. Y es que, según avisa, Gregorio Serrano, como presidente de la empresa, "justifica en el ERE que este año la empresa podría acabar con pérdidas de casi un millón y medio de euros si no se toman estas medidas drásticas", unas medidas que, según avisa el líder socialista, "van a dejar a Mercasevilla prácticamente como si no existiese".
DIFERENTES ESCENARIOS
Frente a la información recogida en las cartas colectivas del ERE, según las cuales Mercasevilla cerraría 2013 con pérdidas por valor de 1.469.290 euros porque "los ingresos por prestación de servicios no son suficientes para cubrir los costes fijos", Espadas rememora que "en el pleno de febrero de este año", el Gobierno municipal expuso una "auditoría de cuentas" respecto a la situación de la empresa para 2013 y la misma "dice textualmente que no hay ningún riesgo de que Mercasevilla no pudiera este año hacer frente a su estructura de costes y gastos de explotación".
A tal efecto, esgrime un documento de la mencionada auditoría. El documento, recogido por Europa Press, señala que Mercasevilla ha sufrido "pérdidas de explotación de importe significativo", sin lograr "ninguno de los supuestos de restablecimiento de la situación patrimonial", pero al mismo tiempo señala que "la actual estructura de costes no tendrá ninguna consecuencia negativa en la sociedad" y la misma "no tendrá dificultades de carácter financiero para atender sus obligaciones durante los próximos 12 meses" dado el "apoyo financiero" del Consistorio como socio mayoritario.
Tal extremo, a su juicio, prueba "las mentiras de Serrano" pata intentar "justificar la decisión política de privatizar Mercasevilla".
LA PROPUESTA DEL COMITÉ
Más aún, según Espadas, cuando durante el periodo de consultas del ERE, el comité de empresa propuso una rebaja de la jornada laboral y de salarios que implicaba una reducción anual de 1,2 millones de euros en los costes de personal, algo que incluso "compensa" las pérdidas de 1.469.290 euros previstas para este año según las causas esgrimidas en las cartas colectivas relativas a los despidos, que se harán efectivos el 12 de agosto.
Dado el caso, Juan Espadas ha reclamado una "rectificación" y ha insistido en que la opinión pública no puede pasar por alto el "drama" de más de cien familias cuyo futuro se puede ir "al garete" por la "decisión política" de acometer la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescados asumiendo directamente una supuesta imposición de las autoridades europeas que "no se ha producido", al menos de forma definitiva, y utilizar este extremo para "privatizar" el resto de la empresa destruyendo los puestos de trabajo de otros departamentos ajenos a la lonja.
LA LONJA DE PESCADO
El día 12 de agosto, de cualquier modo, entra en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado. La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.
En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al prestar con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido aún ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.
