La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pedirá de nuevo al gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) que le dé información sobre las actuaciones ya realizadas para que se ocupen las viviendas vacías en la ciudad, después de que la respuesta remitida por la Empresa Municipal de Vivienda, Equipamiento y Suelo de Sevilla SA (Emvisesa) contestará "sólo de forma parcial" a la carta enviada en marzo por esta institución interesándose por el grado de aplicación en Sevilla de las recomendaciones efectuadas en el Estudio sobre Viviendas Protegidas Vacías.
De este modo responde el Defensor del Pueblo a través de una carta, a la que tuvo acceso Europa Press, remitida al PSOE Municipal, después de que la formación de Juan Espadas enviara una carta a Becerril transmitiendo su queja por las políticas de vivienda social y protegida llevadas a cabo en la ciudad y solicitando que se abriera una investigación para ver el grado de cumplimiento de las citadas recomendaciones que considera que el Ayuntamiento "incumple".
Ante esta situación, desde la institución estatal se señala que, teniendo en cuenta que la información dada en su momento por el Ayuntamiento fue "parcial", se procederá a solicitar de nuevo para estudiar en profundidad la petición del PSOE, una queja que se "tiene en cuenta", pero que no se procederá aún a su admisión formal a la espera de la información que mande el Consistorio.
Así, se ve procedente volver a dirigirse a la Administración municipal para que explique las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para facilitar la ocupación de vivienda vacías, además de sobre la posibilidad de crear un registro de vivienda protegida municipal y las fórmulas de colaboración actuales con otras administraciones y con los ciudadanos. Igualmente, pedirá información sobre la "eficacia de la actividad inspectora" en materia de vivienda protegida.
Tras reconocer el "interés legítimo" del PSOE para formular estas cuestiones, recuerda que el día 26 de marzo se dirigió al Ayuntamiento para interesarse por el cumplimiento de las recomendaciones en materia de vivienda, algo ante lo que Emvisesa comunica la "inviabilidad" de pasar las viviendas en venta a alquiler porque provocaría la "insostenibilidad" de la empresa municipal.
También, apunta que el Defensor del Pueblo no puede realizar una "suerte de auditoría sobre la gestión de la vivienda municipal, ni supervisar la actuación administrativa de cada procedimiento que afecte a los vecinos". Así, recuerda que a esta institución no le corresponde realizar valoraciones sobre la política del Ayuntamiento, aunque "sí resulta procedente solicitarle que se pronuncie ante una serie de cuestiones puntuales relativas a las recomendaciones formuladas".
