La ausencia casi total de rigor en la aplicación de las ordenanzas a los edificios municipales contrasta con la inflexibilidad con la que la Gerencia de Urbanismo actúa en los edificios del Polígono Sur, a cuyos ocupantes   no sólo les cobrará las obras de urgencia que realizará al incumplirse el plan de rehabilitación, sino que también amenaza con multas de entre 3.000 y 5.999 euros por incumplir el plazo de ejecución de las mismas.

La Gerencia de Urbanismo ha abierto un proceso sancionador contra estos inmuebles al incumplirse los plazos de las obras de rehabilitación que se acordaron en enero de 2010 pero que no se han llevado a cabo porque el plan de rehabilitación de las que dependían se quedó sin fondos, de modo que sólo se realizaron una parte de ellas. El resto de inmuebles, que es la práctica totalidad del barrio, sigue con problemas de seguridad en balcones, cornisas, cerramientos y sótanos por “vicios ocultos” en la construcción, reconocidos por la Junta y el propio Ayuntamiento.

Además de optar por actuar por la vía de urgencia, la Gerencia de Urbanismo ha iniciado un proceso sancionador en el que, además de comunicar a los residentes en los  bloques que realizará actuaciones de urgencia de forma subsidiaria para garantizar la seguridad, les informa  de que tendrán que abonar estos trabajos y, además, que se les multará con entre 3.000 y 5.999 euros, amparándose en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Según ese acuerdo al que hace referencia Urbanismo, las obras en cubiertas, cornisas, sótanos y cerramientos las abonaría la Junta, mientras que los vecinos aportarían un 25% del resto de actuaciones en función de sus ingresos. Ahora, Urbanismo no sólo quiere que los vecinos abonen el coste de esas obras, que rondan los 24.000 euros por bloque, sino que también los sancionará. Amén de la posterior ITE que deberán pasar los edificios.

La asociación de vecinos Al Sur ya envió un escrito a la Gerencia de Urbanismo solicitando paralizar el proceso sancionador hasta que no se encontrara una “solución negociada” a esta situación, que pasa por un nuevo acuerdo consensuado entre Comisionado, Junta y Ayuntamiento con los vecinos afectados. No ha obtenido respuesta.

Según Manuel Picón, presidente de El Sur, el coste de esta actuación “nos parece una barbaridad”, más “el pico” de la ITE tras los tres meses de obras, y lamenta que “en vez de sentarse y negociar, se ponen en plan recaudatorio”. 

Los vecinos, asegura, no se niegan a pagar pero sí quieren que las administraciones se sienten y les digan “qué hacemos” porque los que han incumplido el acuerdo son Comisionado, Junta y Ayuntamiento.

Picón asegura que la mayoría de los vecinos “no llega a fin de mes” y es difícil que puedan afrontar esos costes, por eso reclaman un nuevo proceso negociador. “Si nos dicen que no cumplen el acuerdo, vamos a buscar otra fórmula”, asegura, como empezar por los que más urgentemente necesitan las obras.

“Si lo que quieren es tener a la gente en la calle, la tendrán”, dice Picón, que no obstante asegura que su idea es pasar antes por la Junta del Distrito.

Allí será IU la que presente la moción. Su portavoz, José Manuel García, ya ha considerado “muy llamativo” el “exceso de celo” con las sanciones a los ciudadanos mientras “se salta a la torera su propia ordenanza” con los edificios de su titularidad.