La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal afincado en Sevilla que supuestamente cobraba entre 200 y 400 euros por persona por cursar altas de trabajadores en dos empresas ficticias creadas por la trama "con el único fin de lucrarse y defraudar a la Seguridad Social" y que ha provocado la detención de 93 personas.
Según informa en una nota la Policía, entre los detenidos se encuentran los dos presuntos precursores de la estafa y el resto de falsos trabajadores que supuestamente se estuvieron beneficiando de las indebidas prestaciones públicas y que llegaron a superar los 160.000 euros defraudados que podrían haber ascendido a más de 600.000.
La investigación se inició con motivo de las comprobaciones que realizan los agentes especializados en materia de fraude fiscal y falsedades documentales en materia laboral amparados por un reciente convenio entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Fruto de esas gestiones policiales, se tuvo conocimiento de la supuesta actividad ilegal que estaban llevando a cabo dos personas que habían creado dos empresas ficticias --que no realizaban ningún tipo de actividad profesional y que falseaban datos fiscales-- consistente en ofrecer a personas en situación de desempleo la posibilidad de ser dados de alta como trabajadores de sendas empresas a fin de obtener las prestaciones sociales correspondientes a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 200 y 400 euros.
Gracias a la colaboración preexistente de la Policía con la Inspección Provincial de Trabajo de Sevilla, pudieron destapar esta trama en la que estas dos empresas falsas, que supuestamente se dedicaban a la actividad inmobiliaria, al parecer ofrecían un contrato de trabajo y la posibilidad de acceder al cobro de las prestaciones y subsidios a cambio de aquella contraprestación que en ningún caso se empleaba para el pago de las cotizaciones por el trabajador, lo que suponía un doble fraude a la Seguridad Social.
Estas empresas ficticias gestionadas por tan sólo dos personas contaban con una amplia cartera de falsos trabajadores entre los que no sólo había desempleados sino también personas que se encontraban cumpliendo una pena en prisión y que gracias a falsos contratos de trabajo conseguían acceder también a beneficios penitenciarios como el tercer grado.
Asimismo, algunos ciudadanos extranjeros a quienes les caducaba su permiso de residencia en España, solicitaban los servicios de estas falsas empresas para obtener un contrato simulado que les posibilitara incrementar su estancia en nuestro país.
MÁS DE 300.000 EUROS DEFRAUDADOS
Los agentes calculan, a espera de una cuantificación más exhaustiva, que entre las cuotas impagadas por los falsos empresarios en concepto de seguros sociales y el cobro indebido de prestaciones y subsidios por parte de los trabajadores ficticios el importe de lo defraudado podría ascender a más de 300.000 euros; si bien, de no haber intervenido la Policía el fraude podría haber superado los 600.000 euros.
Finalmente, la operación, llevada a cabo en su totalidad en Sevilla, se saldó con la detención de un total de 93 personas, entre los que se encontraban los dos precursores de la trama que ya contaban con antecedentes policiales previos por tráfico de drogas.
