La asociación Ecologistas en Acción ha considerado una "metedura de pata jurídica" que pasará a "los anales de la historia de la minería" el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por el que la comunidad autónoma se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla) de cara a su reapertura, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.
El responsable de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha indicado a Europa Press que el decreto de la Junta suponía "independencia total de lo legislado", en referencia a que el Estado es el dueño del subsuelo, sin que el Gobierno andaluz "pueda permitirse el lujo" de decir lo contrario". En este sentido, ha ironizado señalando que "el señor Mas, presidente de la Generalitat, debería contratar a los abogados de la Junta, porque esto es una declaración de independencia".
Para Ramos, "la Junta está jugando con el hambre y con los votos", en referencia a la justificación del proyecto en base a los puestos de trabajo que se generarían, algo que ha calificado de "bajeza". "En la zona de Aznalcóllar hay necesidad de una iniciativa seria, y la Junta demuestra que no lo es", ha añadido.
Asimismo, el responsable de Minas de Ecologistas en Acción ha subrayado el hecho de que haya sido el propio Consejo de Ministros el que se haya pronunciado, y no se haya hecho mediante un decreto o disposición ministerial, como indicador de la "entidad" del asunto. "El lunes nos reuniremos y hablaremos sobre el particular, porque el tema, la equivocación de la Junta con los temas mineros, es muy grave", ha apostillado.
El decreto ley remitido reserva a la Junta de Andalucía la actividad extractiva en el complejo minero de Aznalcóllar y dirige un mandato a la administración autonómica para que las actividades extractivas de explotación se adjudiquen mediante concurso.
El Gobierno considera que el mencionado decreto ley es inconstitucional, ya que las facultades que recoge la norma corresponden exclusivamente al Estado, según la Ley de Minas de 1973, que le atribuye la facultad de reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio en las que el aprovechamiento de recursos minerales pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional.
Así, mantiene que se trata de una facultad del Estado como titular de los bienes del demanio minero, no traspasada a las comunidades autónomas por la relevancia de tales recursos económicos para el interés general.
El Gobierno mantiene que otros preceptos de la norma también son inconstitucionales por conexión y el Decreto Ley, en su conjunto por vulneración de las exigencias de necesidad y urgencia previstas por el artículo 86 de la Constitución.
