La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se encuentra en proceso de preparación de la convocatoria de distintas líneas de ayuda que alcanzarán un montante cercano a los 65.000 euros destinado a aquellos estudiantes cuya situación económica sea más precaria y que no hayan podido beneficiarse del sistema público de becas, cuyos resultados comienzan a conocerse en estas semanas.
En declaraciones a Europa Press, el rector de la UPO, Vicente Guzmán, ha indicado que, de hecho, la sede académica se encuentra a la espera de conocer los resultados concretos del proceso de solicitud de ayudas públicas para definir y lanzar estos programas.
En concreto, la Pablo de Olavide cuenta con un fondo de 10.000 euros procedentes de un acuerdo firmado a finales de 2013 entre la Diputación de Sevilla y las dos sedes universitarias sevillanas --la Hispalense y la propia UPO--, así como un fondo de 35.000 euros constituido por el Patronato de la Fundación Conocimiento y Cultura para becas y ayudas a estudiantes.
Asimismo, se han estado gestionando captaciones con otros particulares, con las cuales se alcanzarían los 65.000 euros reseñados, que servirían para ayudas en conceptos tales como la matrícula, el transporte o la compra de libros y material. Dichos aspectos son muchas veces, más que la matrícula en sí, los que permiten la posibilidad de venir a Sevilla a estudiar a alumnos de zonas más alejadas.
Guzmán ya ha señalado en relación a estas donaciones que se reciben desde correos electrónicos de personas interesadas hasta planteamientos concretos de entidades como la Fundación Persán, la Diputación de Sevilla o la Fundación Cajasol.
Este "interés" debe estar imprescindiblemente vinculado a dos premisas, según el rector de la Pablo de Olavide: la actuación sobre la Ley de Mecenazgo para "facilitar" este escenario y que se aplique "la transparencia más absoluta" a todos los fondos que puedan llegar por esta vía. Asimismo, recalcaba que estas cantidades no deben sustituir "nunca" las aportaciones que las administraciones públicas deben realizar.
La idea fundamental es tratar de evitar que estudiantes que rinden en su trabajo deban abandonar los estudios en mitad de éstos por causas sobrevenidas de índole económica, al quedar afectados por los nuevos requisitos solicitados para poder disfrutar de una beca. El principal conflicto comienza a verse en diciembre y, sobre todo, en los meses de marzo y abril, cuando el Ministerio empieza a dar a conocer las denegaciones de ayudas.
