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Sevilla

Un chabolista denuncia que lleva nueve meses sin luz para su respirador

Un chabolista de El Vacie ha denunciado en el juzgado al Ayuntamiento porque lleva nueve meses sin el suministro eléctrico que necesita para su aparato de respiración asistida

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Un chabolista del asentamiento sevillano de El Vacie ha denunciado en el juzgado al Ayuntamiento porque lleva nueve meses sin el suministro eléctrico que necesita para su aparato de respiración asistida.

En su denuncia, facilitada a Efe, Antonio P.V., de 77 años, explica que su chabola es propiedad del Ayuntamiento y su instalación eléctrica sufrió hace nueve meses un incendio debido a que su aparato de ventilación asistida debe estar funcionando dieciséis horas diarias.

El chabolista ocupa desde diciembre de 1992 una "barraca de prefabricado y hojalata" en El Vacie que alquiló al Ayuntamiento de Sevilla por doce euros mensuales, según contrato firmado con el entonces delegado de Hacienda y Patrimonio municipal, Antonio Fontán.

En su denuncia ante el juzgado de instrucción 15 de Sevilla, el chabolista indica que padece desde el 2010 un cáncer de pulmón que le obliga a utilizar un respirador, por lo que tras el incendio notificó al Ayuntamiento lo sucedido y una trabajadora social visitó su chabola.

La trabajadora social le comunicó que "pese a ser una vivienda que le entregó en 1992 el Ayuntamiento, éste no podía hacer nada".

En agosto pasado, al haber empeorado su cáncer de pulmón, la hija de Antonio volvió a entrevistarse "por enésima vez" con los servicios sociales municipales, quienes "la informaron que tramitaban de urgencia su caso", y ante el tiempo transcurrido, el pasado día 15 volvió a reunirse con ellos, quienes le respondieron "que ya recibirían una cita", afirma el escrito.

La denuncia se dirige contra las "autoridades o funcionarios" responsables de que el chabolista no haya recibido "las asistencias necesarias para que pueda respirar con los medios prescritos" y les atribuye presuntos delitos de omisión del deber de socorro, denegación de prestaciones a las que se tiene derecho e impedir el ejercicio de derechos cívicos reconocidos.

Afirma el abogado que Antonio vive desde 1992 "en la misma barraca provisional que no reúne las mínimas condiciones para morir dignamente".

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