Un jefe técnico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha declarado hoy como testigo en el caso por la venta de los terrenos de Mercasevilla y ha dicho que la licencia concedida a la inmobiliaria Sanma "no era contraria a la legalidad".
El testigo Juan Mauduit ha declarado a la juez Mercedes Alaya que la licencia investigada no fue otorgada a la anterior titular de los terrenos, la empresa Larena, porque faltaba el proyecto de ejecución y el estudio de detalle, pero tales documentos sí que existían cuando Sanma se hizo con la parcela.
Fuentes del caso han informado a Efe de que Mauduit ha declarado a la juez que las notificaciones sobre dicha tramitación se comunicaban a Mercasevilla porque era la propietaria de los suelos.
Otro testigo, el abogado Armando Rozado, ha declarado que hizo para Mercasevilla varios trabajos de asesoría sobre la operación de venta de los terrenos y que en ellos tanto la adjudicación directa como el concurso público eran viables.
Sin embargo, su proyecto no contemplaba la cláusula de limitación al alza de las ofertas, que luego sí que fue incluido en el proceso que permitió adjudicar, en febrero de 2006, los terrenos de Mercasevilla a Sanma en una venta que la juez considera "fraudulenta".
Otros dos testigos citados para hoy, el abogado José María Flores Alés y Domingo Vera Goñi, entonces director de Administración de Urbanismo, no intervinieron directamente en los hechos investigados, según las fuentes.
La juez continuará mañana la toma de declaración a otros tres testigos citados por el fiscal en un caso por el que están imputados Antonio Rodrigo Torrijos (IU), primer teniente de alcalde en el anterior mandato municipal, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, los sucesivos gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena, así como Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).
La juez acusa a 16 altos cargos y funcionarios municipales por haber hecho "un concurso a la medida" de la inmobiliaria Sanma y haber valorado las ofertas presentadas de modo que "beneficiaron ilegítimamente" a esta empresa, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.
La juez dictó el 20 de diciembre de 2013 un auto por el que finalizó la instrucción y abrió procedimiento abreviado contra 16 personas, pero posteriormente decidió citar a estos siete testigos.
Además de esta causa por la venta de los suelos y la referida a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros -sobre la que ya hay sentencia firme- la juez Alaya mantiene abiertas otras diligencias por un presunto delito societario en la lonja, por la adjudicación de la guardería infantil y por los ERE de 2003 y 2007, causa esta última que se amplió a varias decenas de ayudas y ERE financiados por la Junta.
