A principios de diciembre, la patronal del comercio sevillano, Aprocom, con el apoyo del Ayuntamiento y de la CES, consiguió una de sus recientes reivindicaciones: que el Consejo Andaluz de Comercio ampliara a todo el casco histórico la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), a efectos de horarios comerciales en diversos periodos temporales desde 2015 a 2018, año en el que se evaluarán los efectos de la medida.
La delimitación de estas ZGAT responde, según el Gobierno andaluz, a la imposición que establecen varias normativas del Gobierno central en la materia, sobre las que la Junta de Andalucía ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional, por entender que invaden competencias exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía sobre regulación y ordenación del sector comercial, entre otros motivos.
En el caso de la capital hispalense, los períodos de ZGAT serán Semana Santa (desde Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos), así como el domingo anterior a esta celebración y los dos domingos siguientes a la misma.
El área incluida en esta declaración es el casco antiguo, delimitado por Glorieta Los Marineros, Avenida María Luisa, Glorieta de San Diego, Avenida El Cid, Plaza Don Juan de Austria, Avenida Menéndez Pelayo, Calle Recaredo, Calle María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León, Calle Parlamento de Andalucía, Calle Resolana, Calle Torneo, Calle Arjona, Paseo Cristóbal Colón y Paseo de las Delicias.
Giro copernicano
La declaración de la ZGAT sólo afecta a los establecimientos que actualmente no tengan autorización de apertura, ya que, una vez reconocida como tal, estos comercios podrán abrir sin limitación alguna durante los periodos establecidos. En este sentido, la Ley autonómica fija plena libertad para los locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos, entre otros.
La presión en el seno de la patronal por parte del sector agrupado en la entidad Alcentro ha provocado un giro copernicano de la posición oficial de Aprocom, ahora favorable a la flexibilización de horarios para todos y en todo el casco antiguo en nombre de la libertad de mercado, cuando hasta hace dos años defendía justamente lo contrario.
Así, el entonces presidente, José Cañete, recordaba que la normativa vigente permite ya al pequeño comerciante libertad "absoluta" para abrir "cuando quiera". Y su sucesor en el cargo, Tomás González, apostillaba: "La ley permite al pequeño comercio con superficie inferior a 300 metros abrir ya los 365 días del año y las 24 horas del día, y si no usan esta posibilidad eso significa que no es necesario". Y añadía: "No es el momento de abordar la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para el centro a efectos de horarios comerciales. Hay muchos argumentos que demuestran que es inviable. El consumo es el que es y no aumentará por abrir más horas. Para reactivar el consumo, la única solución es recuperar los microcréditos, para que los clientes compren a plazos, pero eso depende de los bancos".
Efecto llamada
Los comerciantes del Centro han inclinado la balanza a su favor con el argumento añadido de que la autorización a abrir durante los festivos previos a la Semana Santa y la Feria a todos los comercios supone que abran también los establecimientos de más de 300 m2, como los grandes almacenes, y que éstos harán de locomotoras para atraer al casco histórico una gran afluencia de público, con lo que así también los pequeños y medianos comercios tradicionales podrán beneficiarse de su efecto de arrastre.
Así pues, el mensaje ha consistido en argumentar que aunque los establecimientos de menos de 300 m2 (la inmensa mayoría) pueden abrir las 24 horas del día durante los 365 días del año, no lo hacen porque en esos días festivos carecen de público comprador y necesitan del estímulo de las grandes firmas y superficies mercantiles con su poder de convocatoria.
Cerrados por el puente
La gran paradoja es que en el puente de la Constitución el centro de la ciudad, según reflejaron todas las crónicas periodísticas y los datos oficiales de ocupación hotelera (94%), estuvo a rebosar de nativos y de turistas pero que el pequeño y mediano comercios no abrió ni el día 6 ni el día 7 de diciembre y sólo lo hizo, en su seguidismo habitual, el 8, cuando las grandes firmas tenían permiso para abrir dentro de su limitado cupo anual y ya los visitantes preparaban las maletas para irse o se estaban yendo.
Quienes se beneficiaron de la avalancha turística fueron los hosteleros (bares y restaurantes), cuyas ventas, según el alcalde, se incrementaron en un 10% en esos días.
El Ayuntamiento adelantó el encendido del alumbrado de Navidad, en que ha gastado 447.750 euros, al jueves 4 de diciembre con el declarado fin de darle más ambiente y animación al Centro de la ciudad, pero ni siquiera ese sobreesfuerzo presupuestario municipal para llevar público al casco antiguo fue aprovechado por el comercio tradicional, que dio una vez más muestra de su miopía y de su espíritu de contradicción.
En nombre de la libertad de mercado se pide flexibilidad de horarios para todos, grandes y pequeños, con el fin de conseguir público al que vender, pero cuando el público acude de forma masiva como ocurrió el 6 y 7 de diciembre, el comercio cerró sus puertas.
Fin de la moratoria
El discurso de la libertad se troca en un canto al proteccionismo por los mismos protagonistas cuando ven que se acerca el 31 de diciembre y vence la moratoria de 20 años dada en 1994 por el Gobierno socialista de entonces, con Borrel como ministro de Fomento, para que el comercio se adaptara a la ley de Arrendamientos Urbanos, una moratoria gracias a la cual buena parte de los comerciantes han pagado hasta ahora los llamados alquileres antiguos. Han tenido unas condiciones ventajosísimas, de las que no se han podido beneficiar el resto de los sectores económicos ni los ciudadanos que vivían y viven de alquiler y a los que les han subido año tras año la renta en función de las condiciones del mercado. Quienes vivían en el centro y no ha podido pagar las rentas exigidas han tenido que irse a los barrios o a otra parte, sin que a nadie le importara.
Aprocom invoca la libertad de mercado para que no se impongan restricciones horarias ni limitaciones de apertura en festivos, pero quiere ahora el proteccionismo del Gobierno y de la Junta de Andalucía para no pagar alquileres conforme a esa misma libertad de mercado. Y la Consejería de Turismo y Comercio la secunda al exigir a Rajoy una prórroga de diez años más para que los comerciantes tengan tiempo suficiente para adaptarse a los precios actuales.
Vacas gordas
¿Es que veinte años no ha sido un periodo suficiente? ¿Qué sector de la economía ha gozado del privilegio de una moratoria de 20 años con los precios de las naves industriales, de las oficinas o del suelo congelados para darles tiempo a prepararse para competir en un escenario sin proteccionismo? ¿Se les ha dado acaso una moratoria a los productores e inversores en las energías renovables con el recorte de primas? ¿A las constructoras, inmobiliarias o a cualquier sector afectado por el cambio de ciclo económico?
El comercio sabía desde 1994 que en 2014 acababa la moratoria. Ha gozado de la época dorada de la economía española hasta el año 2008, cuando estalló la crisis (seis años de vacas flacas frente a catorce de vacas gordas), años dorados en que los propietarios de locales bien situados no podían alquilarlos a grandes cadenas a precios sin parangón por tenerlos ocupados por sus inquilinos de renta antigua.
Despreocupación
En todo ese tiempo, los comerciantes tradicionales pudieron haberse preocupado y negociado con los propietarios una actualización progresiva de los alquileres; invertido en la compra de locales alternativos cuando había abundancia de liquidez y créditos bancarios con bajos tipos de interés; modernizado sus prácticas mercantiles (desde centros comerciales abiertos hasta el envío gratuito del género a domicilio para competir con el comercio electrónico y paliar la falta de aparcamientos en el Centro), y adoptado otras medidas preventivas y paliativas, pero ha estado a verlas venir, esperando a que, una vez más, se acuda en su rescate desde las Administraciones con otra moratoria de diez años (serían 30 acumulados) y presentándose como víctimas de la especulación inmobiliaria.
El comercio tradicional, en vez de aprender a competir en pie de igualdad y de saber explotar sus factores diferenciales frente a la impersonalidad de las grandes cadenas, pretende pagar alquileres a los precios de 1994 pero repercute al público en sus mercancías precios de 2014.
