El Grupo Municipal Socialista ha lamentado "la total falta de voluntad del gobierno de Juan Ignacio Zoido en contribuir a esclarecer lo ocurrido en los diferentes expolios" por los que atravesó la antigua sede de Policía Local en Cartuja, vendida por el Ayuntamiento de Sevilla a Detea, y que supuso "dejar un edificio completamente esquilmado, vandalizado y sin posibilidad de uso", según explica el concejal socialista Juan Carlos Cabrera.

   "No ha habido explicaciones ni asunción de ningún tipo de responsabilidades cuando debería haber habido, al menos, la dimisión de quien tenía a su cargo la custodia de Edificios Municipales por vergüenza sobre lo ocurrido. En su lugar, el gobierno de Zoido actúa como si la cosa no fuera con él y prefiere seguir sin ni siquiera personarse en el Juzgado", apunta el socialista en un comunicado.

   Así, recuerda que el PSOE elevó una pregunta oficial al Pleno del viernes para exigir en sede municipal las respuestas que el gobierno de Zoido "no ha querido dar en tres años de investigaciones judiciales y procedimiento penal abierto".

   Y es que los hechos se remontan al verano de 2012, la fecha acordada por el Ayuntamiento y la empresa Detea para la entrega de los edificios vendidos en Cartuja que quedarían libres tras el traslado previsto de la sede de la Policía Local al nuevo complejo de la Ranilla. "Debía haber ser sin un traspaso de llaves y de propiedad al uso desde la seriedad que debe ofrecer el Ayuntamiento con cada una de las empresas con las que cierra acuerdos. Sin embargo, la falta de control municipal hizo que se convirtiera en un bochornoso episodio en perjuicio de la empresa y de la propia imagen y credibilidad del Ayuntamiento de Sevilla", indica Cabrera.

   De esta manera, sostiene el socialista que, según las investigaciones, una vez firmada la entrega del edificio a su nueva propietaria se produjeron hasta dos "expolios institucionalizados", uno de personal propio de la Policía Local y el siguiente del personal de Edificios Municipales, "tras los que el complejo quedó sin grifos, lavabos, enchufes, sanitarios, aparatos de aire acondicionado, mamparas, fluorescentes, techos de escayola, hilo de línea, cuadros eléctricos y todo cuanto se ordenó acaparar para una supuesta reutilización en otras dependencias municipales que sigue a día de hoy sin explicación".

   De esta manera, recuerda que esta actuación "fue públicamente reconocida en enero de 2013 por el entonces delegado de Seguridad y Movilidad del PP, en lo que se explicó como práctica habitual de entrega de edificios enajenados", la misma explicación, añade Cabrera, "que en el Pleno del viernes reconoció la máxima responsable municipal de Zoido en Edificios Municipales, Asunción Fley".

   Explica el socialista que ese primer "atraco" generó efecto llamada para chatarreros y oportunistas, "al parecer con colaboración de personal municipal, a los que ayudó la orden de eliminación de la vigilancia policial que hasta entonces se mantenía". Ante lo ocurrido "y la falta de explicaciones por parte del Ayuntamiento de Sevilla", la empresa afectada planteó denuncia penal y también causa civil por la que exige una indemnización de 20,9 millones de euros.

   Tras conocer que la Fiscalía de Sevilla ha remitido al juzgado de instrucción número 10 las conclusiones en las que se ponen de manifiesto que empleados municipales  desmantelaron los edificios Charly y vendieron los materiales obtenidos, cuando los edificios ya eran propiedad de la empresa Detea, el PSOE quiso conocer las actuaciones municipales destinadas a contribuir el esclarecimiento de este asunto, así como si se ha derivado algún tipo de imputación y, en su caso, de quién y con qué cargos.

   Así las cosas, lamenta Cabrera, "la respuesta en Pleno del gobierno de Zoido ha sido la peor posible: ponerse de perfil, volver a esconder la cabeza y señalar que el Ayuntamiento no se ha personado a pesar de la gravedad de los hechos porque 'el juzgado no le ha ofrecido hacerlo', como si resolver este asunto y conocer a los culpables fuera cosa de un tercero en lugar de haber asumido lo ocurrido y demostrar que el gobierno es el principal interesado en aclararlo".

   A su juicio, "Zoido tuvo la oportunidad de enderezar el bochornoso episodio y prefirió esconderse y evadir la responsabilidad política que tiene por el expolio orquestado y el destrozo generado", concluye.