El portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, ha presentado este lunes el "código ético de buen gobierno" que proponeN los socialistas para "recuperar la credibilidad de la política" en el Ayuntamiento hispalense, para el que proponen una "comisión de transparencia", la posibilidad de multar la ausencia "injustificada" en las sesiones institucionales, la prohibición de retribuciones políticas "complementarias" a las institucionales o la obligación de dimitir en caso de la apertura de juicio oral en una causa penal.
En una visita a la Facultad de Ciencias del Trabajo, en el Campus de Pirotecnia, Juan Espadas ha presentado 33 propuestas para su "código ético de buen gobierno", una serie de medidas destinadas a "recuperar la credibilidad de la acción política y de los representantes políticos".
Se trata, según sus palabras, de "medidas para el control de los cargos electos y los cargos públicos de carácter directivo o de confianza, para impedir situaciones de incompatibilidad o de conflicto de intereses como los que se han vivido en este mandato", así como requisitos "en materia retributiva" para que ningún cargo municipal cobre más que el alcalde. Y es que según expone Espadas, en este mandato el Gobierno municipal ha aprobado "en algunos casos sueldos de más de 150.000 euros o sueldos de más de cien mil euros", por encima de las retribuciones del primer edil.
"COMISIÓN ESPECIAL DE EXPERTOS"
Igualmente, ha propuesto "crear una comisión especial de expertos" para evaluar el grado de "transparencia" de las políticas municipales, un órgano de carácter "independiente" y formado por "personas de reconocido prestigio" que procedan del mundo de la universidad. Espadas, además, ha hablado de una "reforma en profundidad del pleno" para hacerlo más participativo a la ciudadanía, así como de "consultas populares como instrumento de trabajo, porque ya existen en el reglamento (del Ayuntamiento) y no se han empleado jamás".
El "código ético de buen gobierno" de la candidatura socialista a la Alcaldía, consultado por Europa Press, propone entre otras cosas prohibir salarios más altos que el del alcalde y prohibir también la percepción de dietas o de "regalos" que no sean simbólicos o de valor "irrelevante", así como la publicación en la web municipal de los salarios y gastos con cargo al erario público de todos los cargos electos, directivos y de confianza.
Además, propone la obligatoriedad de que los concejales y directores generales asistan a "todas las sesiones institucionales", como es el caso del pleno, las juntas de gobierno, las comisiones o los consejos de administración. "En caso de ausencia injustificada, se podrá aplicar una sanción económica", expone.
DIMITIR AL SER PROCESADO
El documento recoge además la obligatoriedad de que dimita cualquier concejal, cargo directivo o personal eventual "al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal", así como la obligatoriedad de comunicar "las actividades que desempeñen familiares de primer grado, siempre que tengan relación con organismos públicos o privados que supervisen o exista una relación contractual con el Ayuntamiento".
Del mismo modo, el PSOE propone prohibir que los cargos electos y el personal de libre designación cobren por su "actividad política" ajena al plano institucional, con lo que "no podrán recibir ni retribuciones complementarias ni complementos", una propuesta claramente dirigida a las retribuciones que Juan Ignacio Zoido percibió por parte del PP. Además, las propuestas del PSOE incluyen la posibilidad de retransmitir "en directo" por Internet las sesiones de las mesas de contratación y la publicación de los "informes internos y externos" de los proyectos y ordenanzas del Ayuntamiento, así como los planes urbanísticos.
Además, las propuestas del PSOE recogen la ya descrita "comisión de transparencia y evaluación de políticas públicas", la obligación de que los concejales ante el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) cuando así se requiera y "consultas populares sobre cuestiones de relevancia". En ese sentido, también se propone que un ciudadano pueda plantear ante el pleno iniciativas cuando estén suscritas por al menos el dos por ciento del censo electoral del municipio.
