La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha ordenado al Grupo de Medios de Pagos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigue los trabajos de asesoramiento que la empresa del exdelegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba Andrés Luque García habría realizado para el grupo andaluz Magtel, que es miembro de dicha agrupación empresarial.

   En un auto fechado el pasado 23 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco libra oficio al Grupo de Medios de Pago de la UDEF para que "realice las comprobaciones necesarias" y averigüe "los trabajos de asesoramiento que, efectivamente, se hubieran realizado" para Magtel por Fisur, de la que es administrador Andrés Luque, exdelegado de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta en Córdoba y también exdirector general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería del ramo.

   Asimismo, la juez ordena investigar si dicha entidad, en relación a Fisur, "cuenta con los medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos por los importes, respectivamente, facturados", y, "en definitiva, en qué han consistido los servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos que se describieron como objeto del contrato firmado a fecha 1 de noviembre de 2011".

   Y es que la parte denunciante, Emerita Resources, manifestó que "los honorarios que constan abonados fueron en realidad una retribución por servicios presuntamente prestados por Andrés Luque García mientras que ostentó cargos públicos y vinculados por tanto a la percepción de subvenciones que antes se han descrito", recuerda la juez en este auto, en el que tiene por personado en la causa al grupo Magtel porque dicha personación "puede facilitar la colaboración de la entidad con la investigación en curso, a fin de acreditar los extremos" referidos.

   Hay que recordar que, por medio de un auto dictado el pasado 27 de mayo, la magistrada decidió abrir nuevas diligencias previas contra el grupo andaluz Magtel por un posible delito de tráfico de influencias, para lo que partió de un informe preliminar de la UDEF, según el cual merced a las denuncias promovidas por Emerita, que compitió sin éxito contra la agrupación empresarial México-Minorbis, trasciende "cierta información que apunta a Magtel como beneficiaria de numerosas ayudas y subvenciones concedidas mediando trato de favor por parte de la Junta".

   La juez, en su auto, atiende la petición realizada por la Fiscalía de Sevilla y acuerda ceñir la investigación a las relaciones existentes entre Magtel y Andrés Luque, actuando este último como administrador de Fisur, decretando el sobreseimiento de hasta media docena de presuntas irregularidades denunciadas por Emerita Resources, que planteó en definitiva que las empresas relacionadas con Magtel "se habrían venido beneficiando de un trato de favor por parte de la Junta".

   Así, la instructora explica que, "vistos los términos del informe de la Fiscalía, y sin perjuicio de que otros aspectos objetos de denuncia puedan ser objeto de una investigación propia de aportar en un futuro nuevos datos que así lo justifiquen, procede a día de hoy ceñir las presente investigación a las relaciones existente entre Magtel y Andrés Luque, decretando entretanto el sobreseimiento respecto de los restantes aspectos puestos de manifiesto".

10.000 EUROS MENSUALES MÁS IVA

   Al hilo de ello, la instructora hace referencia al contrato de prestación de servicios suscrito en Córdoba el 1 de noviembre de 2011, por el cual se contrata a Fisur para la prestación de servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos por un periodo de cinco años, con unos honorarios estipulados de 10.000 euros mensuales más IVA, aunque "lo cierto es que se habrían retribuido a Fisur 120.000 euros como anticipo de la remuneración pactada", tal y como figura "en la estipulación cuarta de dicho contrato".

   En esta línea, la juez explica que la "cabeza" de Fisur es Andrés Luque, quien "aparte de ser licenciado en Filosofía y Letras, entre el 28 de julio de 2000 y el 24 de julio de 2011" ostentó los cargos de delegado provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba; delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Córdoba, y director general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería de Cultura.

   Así, la magistrada reseña que, durante el tiempo en que ostentó estos cargos públicos, las empresas vinculadas al Grupo Magtel obtuvieron hasta tres subvenciones. Así, Magtel Redes de Telecomunicaciones S.A. obtuvo una subvención de 379.980 euros; Magtel Energías Renovables, una subvención de 92.085 euros, y Magtel Redes de Telecomunicaciones, una subvención de dos millones de euro.

   "A fecha marzo de 2015, se denuncia que la compañía Fisur no ha realizado labor alguna de asesoramiento, si bien Andrés Luque recoge todos los meses, personalmente, en las oficinas de Magtel, un cheque por el importe acordado", asevera la juez, que añade que también consta que, según las cuentas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 depositadas por Fisur en el Registro Mercantil, el volumen de negocios de la empresa fue de 20.000, 270.000 y 130.000 euros, respectivamente.

ARCHIVA MEDIA DOCENA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS

   Es decir, "prácticamente el único ingreso de Fisur lo representan los honorarios que le abona Magtel", considera la magistrada en este auto.

   De otro lado, la juez decreta el sobreseimiento de hasta media docena de presuntas irregularidades denunciadas por Emerita Resources, siguiendo de este modo el criterio de la Fiscalía de Sevilla, que considera que la relación entre Magtel y Fisur "es el único hecho concreto respecto del que además se aportan elementos que en principio son indicativos de infracción delictiva --prevaricación y/o cohecho--".

   Así, el Ministerio Público expone que, en su denuncia, existe "una falta de identificación de los altos cargos del PSOE y de la Consejería de Industria que hoy trabajan para Magtel y que supuestamente beneficiaron al mismo de forma delictiva durante el tiempo en el que desempeñaron sus cargos públicos", aludiendo además a la "falta de un relato pormenorizado acerca de las presuntas irregularidades que se cometieron y por quien en la concesión de ayudas públicas a compañías del Grupo Magtel y respecto de las cuales solo se facilita un listado o una fotocopia del correspondiente Boletín Oficial".

   Además, y según la Fiscalía, no hay una concreción "de la identidad del funcionario público ante el que presuntamente intercedió" el exdirector de IDEA Jacinto Cañete "para obtener la pronta devolución de la cantidad debida por la Junta al propietario de la planta fotovoltaica 'Las Castilleja', y de lo que este supuestamente exigió a cambio", ya que "solo se relata lo que al parecer dicho señor pidió a Magtel por su labor de intermediación".

   A ello se suma que no se explica "en absoluto" la forma de actuar de los administradores de Magtel Comunicaciones Avanzadas "para realizar ampliaciones de capital ficticias y poder disponer del préstamo concedido por Soprea", mientras que no hay una concreción "de la cuantía, fecha, beneficiario y Administración que otorgó las subvenciones que no se destinaron supuestamente al fin para el que se concedieron".

   Estos factores "impiden" en relación a estos hechos "la apertura legítima de una instrucción penal", sostiene la Fiscalía.