El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este martes en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad la nueva edición del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) que promueve la institución, para adelantar liquidez a los ayuntamientos con cargo a su propia recaudación tributaria. La nueva edición de este instrumento de financiación cuenta con 40 millones de euros y seis líneas diferentes para abarcar la diversidad de situaciones de las administraciones locales.
Esta nueva edición del conocido como FEAR, así, cuenta con seis tipos diferentes de anticipos, divididos en cuatro líneas, toda vez que anteriormente las convocatorias de este programa contaban con sólo tres tipos diferentes de adelantos. La primera línea de anticipos, según las bases, consultadas por Europa Press, se destina a financiar préstamos "de mandato" para el saneamiento del remanente de tesorería negativo y, en una segunda vertiente, para dar cumplimiento a "sentencia firmes" de los tribunales, con un plazo máximo de devolución de 37 mensualidades en ambos casos.
La segunda línea se destina a financiar "inversiones" y cuenta con un plazo máximo de devolución de 110 mensualidades, toda vez que la tercera línea presenta dos opciones; una destinada a la refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo con un máximo de 110 mensualidades y otra dedicada a deudas con la Seguridad Social. La última línea se dedica a "atender necesidades transitorias de tesorería", con un plazo de devolución de once mensualidades. En total, seis tipos diferentes de anticipos divididos en cuatro líneas.
REQUISITOS
Para concurrir a esta nueva convocatoria del FEAR, las bases estipulan una serie de requisitos para los ayuntamientos, como tener convenio suscrito con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), caso que sucede salvo en Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe; ser municipios con menos de 150.000 habitantes, condición de cumplen todas las localidades; un acuerdo plenario al respecto, la aprobación previa de la liquidación del presupuesto de 2014 y del presupuesto de 2015 y, por último, tener justificados los anticipos de la anterior edición del FEAR. La ayuda máxima a la que se podrá acoger cada uno de los ayuntamientos será de tres millones de euros.
Durante el debate plenario, los grupos políticos han coincidido en definir a estas líneas de anticipos como "agua de mayo" para la financiación de los ayuntamientos de la provincia, si bien el PP, Participa Sevilla (Podemos) e IU-CA han reclamado una flexibilización de los requisitos de acceso a estos fondos, ante el temor de que los ayuntamientos con "mayores dificultades" económicas no puedan acceder a los anticipos, extremo que resultaría "paradójico" dado que el destino de estos adelantos es aliviar precisamente la situación de los ayuntamientos.
Engracia Rivera, por parte de IU-CA, ha recordado al respecto que en la edición de 2014 un 35 por ciento de los municipios "quedó fuera" de las convocatorias del FEAR, manifestando su temor ante la posibilidad de que "este año ocurra lo mismo". "Las bases son prácticamente iguales", ha avisado. IU-CA, de hecho, ha propuesto introducir en las bases de la convocatoria una "excepcionalidad" que recoge la legislación, para eludir el requisito de la aprobación del presupuesto del año en curso. Los socialistas, después de que el Interventor avisase que esta excepcionalidad afectaría a "dos supuestos concretos" y no a todos los tipos de anticipos, han aceptado finalmente la enmienda.
ENMIENDAS DEL PP
El PP, de su lado, ha promovido una enmienda para ampliar el plazo estipulado para solicitar la adhesión a este programa, al objeto de que los ayuntamientos cuenten con tiempo para cumplir con los requisitos establecidos para concurrir. La popular Virginia Pérez, en ese sentido, ha defendido la necesidad de ampliar este plazo y que sólo haya una convocatoria para que los municipios concurran en igualdad de condiciones.
Manuel García Benítez (PSOE), diputado de Hacienda, ha defendido las bases y ha apostado por no "demorar" los plazos de la convocatoria porque los ayuntamientos esperan "como agua de mayo" los anticipos. Ha defendido además que salvo "prescripciones legales" obligadas, las bases no requieren "nada más". "A aquellos (ayuntamientos) que no sean cumplidores, intentaremos ayudarles y encauzarles", ha dicho.
El presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha defendido de su lado la ampliación del programa con tres tipos nuevos de anticipos y ha asegurado que "la mayoría" de los ayuntamientos cumplen las condiciones requeridas. Finalmente, la enmienda de de IU-CA ha sido aceptada, el PP se ha quedado solo a la hora de defender su enmienda y la misma no ha prosperado, y las bases de la convocatoria han sido aprobadas por unanimidad.
