En cien días, tras la investidura del socialista Juan Espadas como alcalde de Sevilla, tenía que aprobarse un plan municipal por el derecho a una vivienda digna "y ahora que se cumplen esa fecha, no tenemos ninguna acción municipal para frenar la situación de emergencia habitacional que sufre la ciudad hispalense", ha declarado Cristina Honorato, portavoz adjunta de Participa Sevilla, durante la concentración en apoyo a una vecina que ha sido desahuciada y exige la dación en pago ante los juzgados.

   "Esta es la tónica de cada día, personas que nos denuncian que van a ser expulsadas de sus casas mientras que el Ayuntamiento no quiere tomar medidas para evitar de raiz esta situación", ha aclarado Honorato.

   "Este era el momento para anunciar un plan municipal por el derecho a una vivienda digna como se acordó en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Participa. Un plan municipal que garantizase la función social de la vivienda pública y pusiera en marcha una estrategia clara antidesahucios como están llevando a cabo Madrid o Barcelona". "Pero no, otra vez más nos toca denunciar que los compromisos de Espadas se quedan en papel mojado y seguir apoyando en la calle a personas que pierden su casa", ha recalcado Honorato.

   "En Sevilla, poco más del 1% de los pisos son sociales, mientras que en lugares como Dinamarca rondan el 30%", ha defendido Honorato. Participa Sevilla no entiende como Emvisesa no es capaz siquiera de hacer un inventario público de sus viviendas vacantes, de establecer un plan de uso de las viviendas desocupadas o de recalificar a régimen de alquiler sus pisos en venta en Pino Montano o Sevilla Este.

   Por último, Honorato ha denunciado que también se debería haber impulsado ya la reactivación del Consejo Municipal de la Vivienda, que se desactivó en abril de 2011. Este Consejo Municipal era un nexo en temas de vivienda entre la sociedad civil y los responsables municipales. Entre sus funciones debería tener conocimiento de la reserva obligada del 5% de las viviendas de Emvisesa (según su propio reglamento) para atender necesidades de emergencia social.