La progresividad se aplicará en los bonos de transporte de Tussam tanto para la Tercera Edad como para los estudiantes, a pesar de las peticiones de los populares de que no se establezcan criterios de renta en estas tarjetas. Sin embargo, a partir de la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales, la tarjeta de la Tercera Edad podrá costar hasta 200 euros si se superan los 2.500 euros de renta; serán grauitas si la renta es menor de 1.500 euros.
Según ha apuntado el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, el objetivo del gobierno socialista es que haya bonificaciones para todos los usuarios de la Tarjeta anual de la Tercera Edad “pero en función de sus rentas, de forma que las personas con menores ingresos paguen menos que aquellas con ingresos superiores a 2.500 euros mensuales”.
Así, aquellas personas con ingresos inferiores a 1.500 euros no pagarán nada; entre 1.500 y 1.800 euros pagarán 15 euros; entre 1.800 y 2.500 euros pagarán 150 euros, y a partir de 2.500 euros se abonarán 200 euros. En cualquier caso, “se mantendrá como el título más económico de Tussam para todas las rentas pero primando a las personas con rentas más bajas siguiendo un criterio de proporcionalidad y justicia”.
En el caso de la Tarjeta Universitaria, se va mantener, de forma que todos los universitarios podrán acceder al título de transporte anual por un importe de 210 euros y con posibilidad de fraccionamiento del pago, y se creará una tarjeta trimestral con un coste de 78 euros el trimestre.
También se va a impulsar un bono social para trabajadores con ingresos bajos. Tendrán derecho a una bonificación por el uso del transporte público, cuya financiación vendrá garantizada a través de las transferencias del Ayuntamiento a la empresa de transportes.
Esta propuesta choca con la moción presentada ayer por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, cuyo grupo quiere que se apruebe en pleno que no sean tenidos en cuenta criterios de renta para ambas tarjetas, la de la Tercera Edad y la Universitaria, a excepción de los gastos de tramitación, que pagan quienes tienen una renta mensual superior a 1.500 euros.
Según Zoido, estas modificaciones las ha introducido Juan Espadas para “contentar a IU y pagarle el apoyo que le ha hecho alcalde”, pero asegura que “no beneficia a nadie, pero sí se está perjudicando a dos sectores de la población con unas circunstancias muy concretas y unas necesidades que no pueden dejar de ser atendidas”.
“Para qué entonces eliminar estas medidas, teniendo en cuenta que no suponen además un problema económico para Tussam, que goza de una situación financiera saneada que ha permitido la existencia de los beneficios que ahora se suprimen”, ha apuntado.
Para el popular, las primeras ordenanzas fiscales de Espadas tienen “señas de identidad socialistas, como es subir los impuestos y aumentar de manera considerable la presión fiscal”. Así, insiste en que durante su mandato se cumplió con el objetivo de situar a Sevilla “en la media de las capitales de provincia españolas en cuanto a presión fiscal”, indicando que de ocupar el puesto octavo en el ranking de mayor presión fiscal de España en 2011 se pasó al 26 en 2014.
