El frente judicial brotó ayer con fuerza en el caso de la crisis de Abengoa, mientras el Gobierno central insistió  por boca de los dos ministros andaluces (el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la de Empleo, Fátima Báñez) en que la solución a la situación de preconcurso debe venir de la mano de un nuevo socio industrial, incluso extranjero, tras fracasar las negociaciones con la vasca Gestamp. Dos inversores en una de sus emisiones de bonos (los bonos representan alrededor del 60 por ciento de la deuda total de la empresa, que ronda los 22.300 millones) presentaron ayer una querella contra Felipe Benjumea, presidente de honor de Abengoa y presidente ejecutivo desde 1990 hasta septiembre pasado, y Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado hasta mayo y durante cinco años.

El abogado Felipe Izquierdo, del despacho Ius+Aequitas, señala en su escrito ante la Audiencia Nacional que la querella se presenta por la presunta comisión por parte de ambos directivos de presuntos delitos de administración desleal y uso de información privilegiada. Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

El documento señala que, poco antes de que la compañía solicitara en el juzgado mercantil número 2 de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea se adjudicó una “exorbitante” indemnización por importe de 11,4 millones de euros. Felipe Benjumea dejó de ser presidente ejecutivo de Abengoa el 23 de septiembre, y ese mismo día firmó un contrato para seguir asesorando a la empresa en tanto que presidente de honor, a razón de un millón de euros al año. El contrato se extiende hasta final de 2016 y, sumando ambos conceptos, el expresidente llegará a ingresar 12,8 millones.

Por su parte, Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió una “contraprestación post-contractual” de 4,48 millones de euros. Esta cantidad se corresponde con la indemnización equivalente a un año de salario recogida en su contrato, aunque la existencia de esa cláusula no se había comunicado al mercado y fue objeto de polémica al conocerse.

A esta cantidad se le sumarían 3,3 millones de euros en concepto de “bonus variable”, que cobraría el próximo año si la empresa cumple determinados objetivos a cierre de 2015. Al cabo de unos días, relata la querella, Sánchez Ortega fichó por el fondo de inversión estadounidense Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa. Será ahora la juez Carmen Lamela, en cuyo juzgado ha recaído la demanda, quien decida si la admite o no a trámite.

Liquidez “falseada”

Además, la denuncia recoge que el Estado podría llegar a perder cerca de 800 millones de euros, ya que el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló el viernes pasado que el “riesgo directo” de la Administración en la empresa es de 415 millones, de los que 210 corresponden a la aseguradora de crédito Cesce, 130 al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 75 a Cofides. A esta cifra habría que sumar, según la querella, los 582 correspondientes a Bankia, “donde el Estado sigue teniendo el 64% del capital”.

En paralelo, los bonistas de Estados Unidos han incrementado las acciones judiciales que ya se emprendieron en agosto pasado, cuando la empresa anunció una ampliación de capital de 650 millones de euros. En ese momento, el despacho especializado en acciones colectivas de inversores McKenna&Egleston presentó una demanda por presunta falsificación de los datos de liquidez de la empresa, lo que habría derivado en la necesidad de lanzar esa ampliación.

Precisamente el hecho de que esa ampliación no llegara a buen puerto, ante las fuertes exigencias de la banca para cubrir hasta 465 millones y tras fracasar el plan alternativo para que fuera el grupo vasco Gestamp quien capitalizara la firma, es el que está detrás de la presentación del preconcurso. Ahora, a ese despacho se han sumado otros cuatro bufetes que demandan a la empresa por el mismo motivo: presunto engaño contable previo al lanzamiento de la ampliación.

En medio de todo ello, la ISDA, una asociación internacional de inversores en productos financieros como swaps y derivados, prevé confirmar hoy que Abengoa ha incumplido el pago de un cupón (por importe de 60.000 euros) correspondiente a unos bonos emitidos por su filial de México el pasado 12 de noviembre. Otro pago previsto de 6.437 euros de otros bonos emitidos en octubre también han dejado de pagarse, según las autoridades bursátiles mexicanas.

Fuentes de la comunidad inversora en España subrayan que, de confirmarse hoy por ISDA estos impagos, el efecto bola de nieve se va a desencadenar y se van a dificultar las negociaciones entre la empresa, la banca y los bonistas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado en Sevilla que la empresa “puede ser viable” pero que necesita “reducir su nivel de deuda y encontrar socios industriales”. Y ha recordado que muchas empresas españolas han dado entrada a grandes inversores extranjeros para recapitalizarse y seguir funcionando.

Impagos

A partir de mañana, 2 de diciembre, se inician los vencimientos este mes del denominado “papel comercial” (pagarés) que Abengoa ha venido emitiendo los últimos años en el mercado financiero de Dublín. En concreto, en diversas fechas de este mes venden 14,5 millones de euros de este tipo de instrumentos financieros, que tienen un vencimiento máximo de 18 meses y sirven por tanto para financiero a las empresas a corto plazo.

Fuentes de la comunidad inversora en España señalan que esa cantidad es sólo ligeramente superior a la indemnización que ha cobrado Felipe Benjumea, por 11,4 millones, cuando dejó la empresa el 23 de septiembre pasado. Paralelamente, las acciones de Abengoa que ahora cotizan en el mercado continuo tras ser excluidas del Íbex35 se han revalorizado este lunes un 18,8%, hasta los 0,35 euros, siguiendo la senda alcista de la semana pasada: el viernes rebotaron otro 16%, después de que el miércoles se declarara oficialmente el preconcurso.

Tras estas dos sesiones de alzas, el valor de la empresa en bolsa supera los 360 millones de euros, contabilizando el valor sus acciones tipo A y B.

Empleados: sin la nómina garantizada

Todos los empleados de Abengoa, 28.600 a cierre de septiembre (ya son menos, tras no renovaciones, rescisiones de contratos por obra y servicio y despidos casi gratuitos de trabajadores en EEUU) cobraron su nómina el viernes pasado. Pero, a renglón seguido, sus jefes y directivos advirtieron de que el cobro del salario de este mes de diciembre no está garantizado. La prueba de fuego de estas amargas navidades para la plantilla de Abengoa se producirá en torno al día 20, cuando se debe ingresar la paga extra de Navidad. Si no llega, el salario del mes completo estaría claramente en riesgo.

Ayer prosiguieron los despidos iniciados hace semanas en la matriz y múltiples filiales. Los sindicatos señalaron que al menos 40 trabajadores temporales han salido de la fábrica de Eucomsa (Utrera), han comenzado también los despidos en la filial Abencor (que la empresa va a cerrar por ser inviable financieramente) y en Simosa IT podrían ser hasta 150 empleados de subcontratas los que dejen de estar vinculados con la compañía.

Mientras, en la sede central de Palmas Altas se comunicaron ayer decenas de despidos a empleados con una antigüedad menor a 6 meses. La empresa no ofrece ninguna información oficial sobre los planes de reducción de plantilla ni a la sociedad ni a su propio personal. En total, son ya en torno a 250 empleos en Sevilla los que se han perdido o se van a perder (cierre de Abencor) directa o indirectamente. La pérdida de empleo total estaría entre 700 y 1.000 personas directas en Sevilla.